sábado, 30 de octubre de 2010

Cornelio: Nicaragua tan pobre por ser tan rica

Está documentado en miles de páginas de docenas de estudios acumuladas en años, que Nicaragua en la mayor parte de su territorio es un país con vocación de silvicultura, que su fuente de riqueza más importante podrían ser sus bosques y el cuido de los mismos, y no su destrucción para el pasto temporal del ganado, el cultivo de palma africana o la agricultura de granos básicos.
Ese mal aprovechamiento sistemático y sistémico no es solo la consecuencia de falta de conciencia o conocimientos, o peor de malas intenciones, sino de condiciones socio-económicas y de reglas, tanto ausentes como presentes, las cuales incentivan el mal aprovechamiento y castigan o al menos imposibilitan el buen aprovechamiento, mientras incentivos para hacer lo correcto y conveniente brillan por su ausencia.
En este marco, el objetivo principal del Plan Nacional “La Madera – nuestra Riqueza” es aprovechar de manera sostenible la riqueza aún existente en los bosques nacionales, protegerla y recuperarla por medio de un programa masivo de reforestación. El objetivo concuerda con los objetivos del muy recién -29 de Octubre del 2010- acordado Protocolo de Nagoya, y cuenta por tanto desde ya con un alto potencial para ser presentado exitosamente a la Comunidad Internacional.

Como segundo objetivo se creará en 5 años al menos 100,000 plazas nuevas de trabajo vinculadas con la madera. Se establecerá la cadena nacional de agregación de valor a la madera, que comienza en los viveros, manejados a nivel de comunidad o municipio, pasa por bosques certificados por su manejo sostenible, Almacenes de Deposito de madera aserrada, clúster de manufacturas de muebles de alta calidad para terminar en tiendas reales y virtuales de “Muebles de Nicaragua” en países desarrollados y respaldados por almacenes compartidos de despacho rápido allá.

Cada componente de ese plan requiere de cambios en las reglas existentes.
Para producir muebles de calidad, se requiere de madera bien secada durante unos tantos años, donde aunque técnicamente posible a altos costos energéticos, el secado industrial mas rápido no produce la misma calidad. Por el otro, en los mercado internacionales el precio por metro lineal de madera tropical se incrementa año tras año por al menos un 6%, tal que la madera es una buena y segura inversión de capital. La creación de Almacenes de Deposito para el secado de la madera, su inclusión en la Ley de Bancos y otras instituciones financieras con la subsiguiente supervisión por la SIBOF, facilitará la emisión de certificados de deposito negociables, tanto en el mercado financiero nacional como internacional. Algo similar puede implementarse para la plantación y el cuido de bosques en la marco del programa REDD y de los certificados CO2, también incluidos en Nagoya. De esta forma cuidar un bosque y cuidar madera se vuelve algo muy rentable.

El estado -el gobierno central o los municipios- podrían manejar sus propios Almacenes de Deposito, bajo la misma supervisión por la SIBOF, para mandar ahí la madera ilegalmente cortada en lugar de venderla al mejor postor del momento o peor, dejar la podrir. Los certificados podrían servir como respaldo/sustituto de la deuda pública. Para mejorar el control, tendría que haber un sistema nacional de permisos y concesiones de manejo de la madera. Como ya casi todo el país tiene cobertura por telefonía celular, pudiera utilizarse un sistema con registro centralizado, pero con acceso desde cualquier celular multimedia. Se revisaría no solamente la existencia del permiso, sino también se registraría con foto cada inspección de control, tal que se acaben los permisos falsificados y los controles complacientes.
Este sistema a la vez serviría para garantizar la trazabilidad de la madera, condición imprescindible para exportarla, semiprocesada o productos hechos de ella, a la Unión Europea y según el protocolo de Nagoya, la trazabilidad pronto será exigida por todo el mundo.

Para facilitar la creación de viveros municipales y la reforestación, se modificaría las leyes de Autonomía Municipal y del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles, tal que los municipios puedan establecer cánones diferenciados, tomando en cuenta el costo-beneficio ambiental. En la actualidad los ganaderos han venido cargando parte de sus costos a los municipios- los han externalizados como dicen los economistas-: desforestando grandes territorios y así secando fuentes tradicionales de agua, ellos obligaron por ejemplo a los municipios de Boaco y Chontales a implementar costosos proyectos de agua potable, hasta traerlo del Cocibolca. Las modificaciones legales les permitirán a los municipios cargar estos costos de inversión y operación a los causantes, premiando a la vez con reducciones, incluso subsidiando proyectos de reforestación.

Para no castigar a unos y en su lugar beneficiar a otros en el mismo ramo, se establecería un impuesto nacional de recompensa por daños ambientales a la exportación de ganado en pie y al procesamiento de la carne, impuesto que se reduzca hasta que se exima por completo, cuando el exportador pueda demostrar que su producto proviene de la ganadería sostenible. Se lo controlaría por medio del Sistema Nacional de Trazado del Ganado, cuyos certificados desde ya exige la Unión Europea y también los Estados Unidos están por exigirlos. El sistema sustituye a la vez al sistema de los fierros existentes. Es más seguro y deja sin daños a la piel, lo que incrementa el valor para la industria de cuero y calzado.
El sistema igual sería accesible por celular y proporcionaría además a cada ganadero datos estadísticos imprescindibles para un mejor manejo de su finca.  El costo de implementación de este sistema -unos 7 dólares por animal o 35 millones en total al máximo- es irrisorio, comparado con los mencionados beneficios y tomando en cuenta los ingresos por exportación anual, según los ganaderos ya más que 400 millones.

En la formación de la cadena de valor, les correspondería a las Universidades -en particular a la UNA y UNI a cuenta de su 6%- proporcionar los conocimientos científicos-tecnológicos para el manejo de los bosque, el procesamiento de la madera y su manufactura. 
Se crearía -similar a la Escuela Nacional de Hotelería- secciones en los institutos tecnológicos privados o públicos departamentales ya existentes, equipándolos con los necesarios laboratorios y talleres para capacitar técnicos medios y superiores en las áreas de silvicultura, cuido y procesamiento de la madera, y fabricación de productos de madera de calidad, coordinándose los mismos con las asociaciones y cooperativas locales de futuros silvicultores y de actuales artesanos y pequeños fabricantes de madera, a un costo de no más que 5 millones de dólares para 10 de estos centros en conjunto.
Se crearían Zonas Francas-Parques industriales de la madera para cobijar a artesanos y pequeñas manufacturas, ubicadas directamente al lado de los Almacenes de Deposito y/o las secciones de madera de los Institutos tecnológicos. Se procuraría que la madera de desperdicio y el aserrín se convierta en pellets, algo bien investigado como fuente de energía calórica y sustituto parcial de la leña.

Al fin, se consolidaría al Centro de Información para Exportaciones, al Centro de Tramites para la Exportaciones, a los servicios de apoyo a los exportadores de APEN y a la Agencia ProNicaragua en una sola entidad mixta entre sector público y sector privado con 3 propósitos adicionales: (a) crear unidades de inteligencia de mercado y mercadeo en países con alto potencial de importación de madera, en particular los Estados Unidos, la Unión Europea, China-Taiwán, Corea y el Japón, los cuales en este momento representan el grueso mundial de las importaciones de madera y productos de madera (b) establecer contactos efectivos con las grandes cadenas de mueblaría -como IKEA y otros- para incluir a Nicaragua dentro de sus operaciones (c) facilitar en cooperación con empresas externas de logística la operación de almacenes compartidos de despacho rápido en los países destinos, reduciendo de esta forma los costos de logística para las cooperativas de artesanos y pequeñas manufacturas de madera de Nicaragua.

Hay buena docena de otras acciones colaterales, que pueden y deben implementarse, involucrando otros actores -como el sistema de educación escolar para una campaña “Un árbol por y para cada niño”- o afectando otras leyes -como de ejemplo la unificación y municipalización de catastro, castro fiscal, catastro municipal y registro, quedándose la CSJ e INETER solamente con la supervisión respectiva, para simplificar los trámites en la certificación de áreas o el cobro del IBI.
Lo importante: Ninguna acción propuesta depende de aportes financieros externos  inalcanzables, todas resultan en beneficios económicos directos y palpables, solo que se requeriría de concertación y estrecha cooperación entre todos. Cabe entonces una sola pregunta ¿Nicaragua tiene la capacidad para transformarse para prosperar o prefiere continuar como país miserable, dependiente de las limosnas de otros, incluida la emigración?