Cornelio: ¿Castigo país?

Esa columna fue publicada en Confidencial del Diciembre de 2008.

Hay ahora muchos comentarios sobre un inminente retiro acelerado de la cooperación externa, como sí éste fuera una consecuencia hasta un castigo específico por el comportamiento -malo o bueno según bando- del gobierno actual respectivamente del grupo en el poder, en particular por el manejo de las elecciones recientes, castigo que lastimosamente traspasa el gobierno y castiga a todo el país, posición que curiosamente comparten todos los comentaristas, independientemente del bando y de los estratos, o sea por igual políticos, empresarios, periodistas y por ende entrevistados de ciudad o campo.

Me temo, con todo respeto, que los nicaragüenses se equivoquen dos veces. Primero sobrestiman la importancia externa real de los asuntos internos de Nicaragua en la situación actual global del mundo, pues en vista de una crisis económica tan globalizada como global y profunda, conflictos armados con participación multilateral desde Afganistán hasta el Congo, y amenazas globales como calentamiento y terrorismo, el problema cómo se hace política interna en Nicaragua es completamente insignificante fuera de Nicaragua.

Tampoco tienen mucho peso -salvo como nota de pie- disonancias agudas que uno u otro representante nicaragüense intenta a meter al concierto internacional: después de escucharlos, el mundo sigue con su agenda de puntos mucho más importantes. En este sentido, el debate en la OEA sobre las elecciones no señala ninguna victoria para nadie, mas bien es un señalamiento por los miembros de la OEA casi en su totalidad a Nicaragua entera, que por favor Nicaragua arregle sus asuntos internos en casa sin causarles molestias a los demás, expresando a la vez -como la Unión Europea- la disposición de apoyar al proceso pero sin tomar partido ni partida en la pelea.

Por segundo, se equivocan en el causante: no es uno u otro comportamiento del gobierno o de su presidente, sino la tremenda facilidad con la cual éste sin mucha resistencia en el camino ha logrado desmantelar todo un andamiaje legal e institucional vinculado con la cooperación, una serie de leyes, decretos y procedimientos internos de Nicaragua, cubriendo desde el manejo de las finanzas, el endeudamiento y la rendición de cuentas, pasando por las estructuras y el funcionamiento del sector público incluyendo los municipios, hasta llegar a la participación ciudadana en asuntos públicos incluyendo la educación pública. Aunque todo este conjunto de reglas sin la más mínima duda le compete solamente a Nicaragua, el estado las hizo parte de los arreglos internacionales de cooperación, comenzando con los Planes Nacionales de Desarrollo pero también en forma de referencias específicas, explicitas e implícitas, en casi cualquier convenio de cooperación.

A pocos meses de haber asumido el gobierno actual, por los vías de hecho y por decreto se comenzó a desmantelar o distorsionar -en forma extra-legal, salvo en el caso de la Ley 290, estructura del gobierno- todo, sin embargo no hubo mucha resistencia por lado de los legisladores ni hubo reacciones sustanciales en defensa del andamiaje legal e institucional como tal por lado de otros sectores como empresa privada o sociedad civil, salvo en aquellos casos, cuando se afectó directamente a sus intereses particulares.

Al final el gobierno les anunció en Octubre 2008 -inmediatamente antes de las elecciones- a la comunidad cooperante por medio del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Humano, que el grupo en el poder está decidido a llegar a la abolición completa del modelo democrático, representativo y participativo para sustituirlo por su modelo del Poder Ciudadano, eliminando de ésta forma la base mas esencial de los acuerdos anteriores de cooperación, pero por lado de los otros sectores nicaragüenses no hubo ni quiera comentarios, de un debate público o al menos en la Asamblea Nacional ni hablar.

Los cooperantes entonces están tomando los sucesos alrededor de las elecciones municipales como un indicador clave de qué les espera como próximos pasos en la implementación del PDHN; lo están evaluando y con alta probabilidad llegarán a la conclusión que ya no vale la pena invertir en Nicaragua, pues el único supuesto resultado, que valía la paciencia con tantos desmanes, desvíos y tanta corrupción, -más legalidad e institucionalidad- igualmente resultó ser pura ilusión.

Tampoco hay interés desde el exterior en defender una institucionalidad y una legalidad, que al parecer a los Nicaragüenses mismos no les vale tanto, pues hasta el momento han tolerado con estoicismo ya por buen tiempo que el Poder Judicial en sus ramas, la Contraloría y por ende el Poder electoral han dejado de funcionar como se esperaba. Una cosa es apoyar desde afuera las estructuras nacientes, otra muy diferente es tomar partido en conflictos internos en sustitución de esfuerzos nicaragüenses propios o peor echar plata donde no servirá en forma comprobada. ¿por qué y para qué?

Nicaragua está así por entrar a la historia como un ejemplo más del doble filo del derecho de los pueblos a instituir gobiernos, reformarlos o abolir sus formas e instituir nuevas según su criterio: Si Nicaragua no sabe ejercer prudentemente éste derecho y hacerlo valer en forma enérgica, entonces debe atenerse a las consecuencias, es decir obteniendo menores y no mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.  (parafraseando la Declaration of Independence)