lunes, 24 de mayo de 2010

Cornelio: Cita – La Migración en Nicaragua

El siguiente texto corresponde al capítulo 10 del estudio TRÁFICO ILEGAL DE TIERRAS EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DE BOSAWÁS de Alejandro Bonilla Toruño.
A mi humilde criterio ese capítulo constituye una lectura imprescindible y obligatoria para cualquiera que quiera entender los mecanismos y fuerzas detrás del drama Bosawás. Sin incidir sobre estos, no habrá salvación.

10 La migración

10.1 Antecedentes históricos

La Región del Atlántico Norte ha sido un territorio fuertemente influenciado por actores externos. Desde los tiempos de la colonización inglesa (siglos XVII al XIX) hasta la acentuada influencia estadounidense en el siglo XX, esa región ha sido utilizada como zona de enclaves (madereros, mineros y bananeros). Ha sido utilizada también como válvula de escape ante las presiones sociales derivadas del colapso de la agroexportación, y como banco de tierras para enfrentar la falta de acceso a tierras de la población campesina en la zona del Pacifico. En ocasiones se usó incluso como escenario de importantes funciones militares, como ocurrió durante el somocismo y el sandinismo. En esas diversas etapas las comunidades indígenas mantuvieron alianzas con actores externos, a fin de mantener el control de sus territorios.

Para 1910, el 10% del territorio de la Mosquitia había sido otorgado en concesión a inversionistas estadounidenses, quienes explotaban los recursos mineros y madereros y establecían plantaciones bananeras en la región.[1]

Los enclaves norteamericanos en la Costa Caribe fueron polos de atracción de grupos de población, es decir, la Región se ha desarrollado a partir de una economía de enclaves basada en actividades extractivas que atrajo poblaciones diversas de la Costa Atlántica y de la población mestiza del Pacífico, conformando nuevos núcleos de economía agropecuaria que abastecían de alimentos a los trabajadores ante el declive y cierre de los enclaves.[2]

Los procesos económicos impulsados en el periodo de los Somoza (1935-1979) se caracterizaron por el expolio de tierras y recursos naturales que pertenecían a las comunidades indígenas y étnicas del Caribe, violentando así los compromisos adquiridos por el Estado, los derechos tradicionales sobre las tierras y recursos naturales y los derechos adquiridos por los tratados internacionales de integración suscritos por el Estado de Nicaragua.

En esa etapa se promovió la colonización de las tierras a través de la construcción de infraestructuras tales como caminos y carreteras de acceso al territorio, lo que permitía el traslado y movilidad de una gran cantidad de grupos de mestizos pobres y sin tierra provenientes del centro y del Pacífico del país.[3]

Así se originó un proceso de colonización a partir de sucesivas olas migratorias, cuyo ritmo y lógica han estado en consonancia con el desarrollo de las estrategias de enclaves en el Atlántico, y con el esquema agroexportador impulsado en el Pacífico, que implicaba la concentración de grandes extensiones de tierras en pocas manos, así como la oportunidad de obtener tierras y trabajo en el Atlántico.

La Región del Atlántico Norte refleja la dificultad del Estado de Nicaragua para insertar ese territorio a la dinámica prevaleciente en la zona del Pacifico y del Centro.

El Triángulo Minero está fuertemente marcado por los conflictos relacionados con el acceso y los derechos sobre la tierra, que se han visto magnificados con la Declaración de la Reserva de Biósfera de Bosawás, promovida —una vez más— por actores externos y sin consultar a las comunidades y pueblos del territorio, lo que ha reactivado los problemas históricos de la región en cuanto al dominio y los derechos de uso de los recursos naturales.[4]

El Gobierno Sandinista

En el periodo sandinista (1979-1990), la Región del Atlántico desempeñó diferentes roles. Los sandinistas intentaron integrar la región al proceso revolucionario y a los beneficios que se derivarían de dicho proceso, sin embargo, poco cuidado se puso a entender la cultura de la costa Caribe, que de hecho estaba muy desligada de la Revolución sandinista.[5]

En los años ochenta, a resultas de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno sandinista, se estima que se beneficiaron unas 111,833 familias —que representaban el 80% de la demanda histórica de tierras. Ello provocó una retracción de la presión de la frontera agrícola en cuanto a la migración de sectores campesinos que estaban siendo beneficiados. También hubo una retracción en el sector de los medianos y grandes productores, que se abocaron a la búsqueda de otros negocios, habida cuenta de que las políticas sandinistas no toleraban los grandes latifundios para lo cual se aprobaron una serie de leyes y se crearon algunas instituciones para que generaron su materialización[6].

En las zonas en que el gobierno central tenía presencia se restringió la tala de árboles. Luego de la nacionalización de las minas el sector tuvo algún impulso, pero no logró recuperar el auge que tuvo antes de los años setenta. Eso contribuyó a disminuir la presión de la migración y la presión sobre el medio ambiente.

Se produjeron divergencias crecientes entre las comunidades indígenas y étnicas y el gobierno central, debido a la falta de visión y conocimiento —por parte de las autoridades nacionales— de la cultura y los derechos territoriales de los indígenas.

Si bien la Reforma Agraria de los años ochenta tuvo impactos positivos en las regiones del Pacífico y del centro, en la región del Atlántico los efectos fueron diferentes.

Las tensiones entre el gobierno sandinista y las comunidades indígenas crecieron a tal punto que, motivadas por la contrarrevolución, comunidades enteras emigraron a Honduras y otras entraron a la guerra en contra del gobierno.

Algunos territorios del Atlántico, entre ellos Siuna, constituyeron enclaves militares, donde los sandinistas —por compromisos sociales y conveniencia militar, entre otros— crearon un cordón de cooperativas que funcionaban como vallas de contención para detener a grupos de la Resistencia.[7]

El reclamo histórico de la Costa Atlántica por lograr mayor autonomía y la necesidad política de reconstruir las relaciones con las comunidades indígenas y étnicas provocaron que el gobierno sandinista anunciara el reconocimiento al reclamo y formara en diciembre de 1985 una Comisión Nacional que pusiera en marcha el proceso para la materialización de la autonomía regional.[8]

Así nació en 1987 el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, por el cual se establecieron las dos Regiones Autónomas, mismas que representaban el 50% del territorio nacional y el 9.2% de la población total del territorio nacional.

El reglamento del Estatuto y otras leyes importantes —sobre todo las concernientes a la propiedad de la tierra, que hubiesen consolidado el proceso autonómico de las regiones— sólo se aprobaron quince años después, lo que muchos interpretan como falta de voluntad política de hacer realidad el proceso de autonomía.[9]

Todos estos factores provocaron en la primera mitad de la década de los años 80 el desplazamiento de comunidades indígenas enteras a territorio hondureño. A su vez, la Reforma Agraria, la prohibición y control de la tala del bosque, la nacionalización de las minas y su fracaso, la militarización del territorio y la guerra interna, provocaron una disminución de la población local e incluso frenaron las migraciones al territorio.

Las políticas aplicadas por el gobierno sandinista y las circunstancias que se produjeron en esa época contuvieron indirectamente el avance de la frontera agrícola, y en consecuencia redujeron la presión sobre los recursos naturales de la zona.

A partir de 1990, con el cambio de gobierno y la finalización de la guerra, inicia un incremento importante de población en la Costa Atlántica, particularmente en el Triángulo Minero, a resultas del retorno de la población que había sido desplazada por la guerra interna.

La estrategia estatal reactiva las políticas de “tierras abiertas”, en este caso para resolver problemas políticos y sociales inmediatos; la extracción de madera se intensifica. Las políticas tuvieron como propósito garantizar la reinserción de los ex combatientes, evitar enfrentamientos armados, mejorar la gobernabilidad en el corto plazo, y atraer recursos de la cooperación e inversión extranjera para reactivar la economía de la región.[10] Pero en general no se ejercieron controles sobre la extracción de madera y de otros recursos, ni se puso atención a la pavimentación de la carretera Boaco-Río Blanco, a la reapertura de la frontera agrícola y al auge de la ganadería.

Los gobiernos posteriores al sandinista promovieron políticas estructurales que provocaron la reconcentración de la tierra en pocas manos, creando un marco jurídico e institucional que permitía realizar una contrarreforma agraria como eje de la reconcentración de la tierra.

Ese marco jurídico e institucional promovía la devolución de las tierras confiscadas. Se generó una serie de condiciones y elementos que favorecieron la reconcentración de tierras y la caída de las formas asociativas de tenencia de la tierra impulsadas por el anterior gobierno.

En esa etapa, faltaron políticas públicas orientadas a favorecer a los productores agrícolas y campesinos con financiamiento y asesoría técnica; desapareció la banca estatal orientada a estos fines; y las cooperativas y comunidades indígenas no eran sujetos de crédito en el sistema financiero nacional privado y no lo son actualmente.

Los títulos agrarios y los contratos de cesión de derechos de uso otorgados por las comunidades indígenas a sus miembros no se consideraban, ni se consideran como títulos perfectos con fuerza jurídica para garantizar los préstamos solicitados a la banca privada. En consecuencia, los campesinos se vieron obligados a disolver las cooperativas, a parcelar sus tierras, a obtener títulos individuales de dominio, y a buscar la manera de convertirse en sujetos de crédito para el sistema financiero privado.

Todo ello ha causado un debilitamiento de los campesinos en términos de la tenencia de sus tierras, lo que fue aprovechado por los grandes latifundistas y la banca nacional para apoderarse de tierras indígenas y reconcentrar la tierra en pocas manos.[11]

10.2 Motivos que impulsan la migración en la actualidad

Los motivos que impulsan a terceros y a colonos a migrar a la Región del Atlántico Norte y a Bosawás obedecen a diferentes razones y circunstancias: políticas nacionales, socioeconómicas y estructurales diseñadas e impulsadas por los gobiernos centrales; campañas y promesas políticas de los candidatos a ocupar cargos públicos; tráfico ilegal de tierra y madera; debilidad institucional; situación económica nacional; abundancia de recursos naturales en esos territorios; los modelos de desarrollo vigentes, y otros.

10.2.1 Políticas estructurales

Los gobiernos de Somoza y los gobiernos de los años noventa en adelante usaron en la zona la estrategia de políticas abiertas para impulsar la colonización de tierras como una válvula de seguridad política, bajo la lógica de que la población rural pobre disminuye su tendencia a rebelarse si tiene acceso a la tierra.

En este contexto, la Costa Caribe presentaba un enorme potencial de colonización, puesto que en la región del Pacífico y en la zona central, por efecto de la contrarreforma agraria impulsada, empezaron a predominar los grandes terratenientes dedicados a la producción agropecuaria. Esto ha limitado las posibilidades de acceso a la tierra para los campesinos pobres, los cuales se han visto obligados a emplearse como peones agrícolas en los latifundios del Pacífico y del centro del país.[12]

La falta de disponibilidad de tierras en el Pacífico y en el centro genera presión sobre el territorio, porque es la zona donde hay más terrenos disponibles. La contrarreforma, combinada con la debilidad institucional, propicia la penetración silenciosa.

10.2.2 Promesas de campaña

En las Regiones Autónomas se realizan cinco tipos de elecciones para elegir a las autoridades, a saber: nacionales, regionales, municipales, territoriales y comunales. Esto ocasiona una constante agudización de la polarización de la población, lo que a su vez agudiza los conflictos y limita las posibilidades de hallar soluciones pacíficas.

Como práctica habitual, los postulantes a cargos públicos y las autoridades políticas electas ofrecen a ambos sectores amparo y seguridades jurídicas: a los colonos les prometen titulación tras la ocupación ilegal, y a los afectados por la ocupación ilegal les prometen saneamiento, demarcación y titulación. La frecuencia de las elecciones impide que los gobiernos resuelvan el problema, porque no están dispuestos a pagar el precio político que producirían las prácticas de expulsión y ordenamiento territorial, así como la falta de consenso de los/as líderes sobre los problemas planteados es otro de los factores medulares para resolver los conflictos.

Según afirman las autoridades del territorio entrevistadas,[13] uno de los principales motivos que tienen actualmente los migrantes o los terceros para penetrar y permanecer en Bosawás son las promesas de campaña que les hacen algunos de los aspirantes a cargos públicos —diputados regionales, concejales regionales, alcaldes y concejales municipales de los municipios de Siuna, Bonanza, y Rosita de los partidos Liberal Constitucionalista (PLC), Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Yatama— en el sentido de juridificar las posesiones cuando ellos ostenten el cargo pretendido.[14].

Ha sucedido que presidentes de consejos, presidentes de gobiernos, diputados, concejales, alcaldes municipales, presidentes y síndicos de territorios y comunidades indígenas han emitido asignaciones y constancias de lotes de tierra sin haber consultado con las comunidades.

Para frenar este fenómeno, el gobierno regional emitió una resolución declarando que son nulas o anulables todas las asignaciones de tierra formuladas por funcionarios del Consejo Regional, alcaldes y otros funcionarios.

Hay también personas de las comunidades y territorios que, aprovechándose de los conflictos por la inseguridad de la tenencia de la tierra, se proyectan como líderes políticos y ofrecen solucionar estos conflictos cuando ocupen los cargos públicos, cuando en realidad sólo les interesa obtener poder político.

Para ilustrar lo anterior, presentamos algunos casos y testimonios acerca de la intervención política en la región.

a) En Tasba-pri, que era originalmente una comunidad miskita, existen ahora 21 comarcas de mestizos que suman unas 10,000 mil personas. A diferencia de lo que sucede en otras zonas, en Tasba-pri todos los residentes adultos tienen cédula. El motivo de que el proceso de cedulación sea tan eficiente es que los residentes votan por el FSLN, y este partido les brinda apoyo o les promete regularizar sus tierras a cambio de obtener votos, consideramos que el otorgamiento de las cedulas a los ciudadanos es legitimo siempre y cuando todos los ciudadanos sin distinción política se beneficien de la entrega, también es legitimo que se repartan tierras pero no en desmedro del patrimonio de comunidades indígenas para favorecer a miembros de un partido político[15].

b) Un diputado liberal regional organizó una fundación de ayuda para la titulación, conformada por precaristas y colonos. Se recurrió a la Corte Suprema y a otras instituciones para mediar en el conflicto y detener ese proceso porque afectaba tierras comunales y se asentaban en partes de la zona núcleo de la Reserva.

c) En el año 2003 se organizó un esfuerzo —en coordinación con instituciones del Estado tales como la Policía, los procuradores ambientales, MARENA, SETAB, el procurador de los derechos humanos y el Ejército— para desalojar a los terceros ubicados en el corazón de la Reserva. En un mes de trabajo, 105 familias (605 personas) fueron desplazadas y trasladadas en camiones a sus lugares de origen, sin que se les diera nada a cambio de su salida de la RBB. Quince días después del desalojo, el entonces viceministro del MARENA se presentó en la comarca El Hormiguero para hablar con la gente desplazada que se había asentado ahí, y se comprometió a darles tierra y alimentos. Tras más dos meses de esperar en vano que el viceministro cumpliera su compromiso, los desalojados optaron por volver a Bosawás. Eso dio lugar a que otros grupos se decidieran a ocupar tierras en la Reserva, y actualmente hay allí más de 2,000 familias. Por este acto irresponsable, algunos funcionarios públicos renunciaron a sus cargos, frustrados por no poder cumplir su obligación de velar, proteger y conservar la Reserva. El jefe del Ejército en la Región expresó en su oportunidad:

d) “…Para poder llevar a cabo esa operación se enfrentó a dos concejales liberales que a través de mítines y la radio estaban levantando a la población en contra de esa iniciativa. Personalmente tuve que hablar con ellos para detener esa irresponsabilidad que podía generar muchas desgracias…”. [16]

10.2.3 Motivos de los actores en el tráfico ilegal de tierras

De acuerdo a personas entrevistas en la zona que no quisieron ser identificadas en el presente estudio sostienen que existen tipos de actores en el territorio que no pueden ser considerados terceros, porque las motivaciones que les impulsan a penetrar la zona son de índole delincuencial: cometen delitos en contra del patrimonio, el orden socioeconómico, la propiedad, el medio ambiente y los recursos naturales, por medio de estafas, estelionato, usurpación, daño a la propiedad privada, comunal y estatal, defraudación al Estado y otros. En consecuencia, estos actores no deben ser amparados bajo la denominación jurídica de tercero establecida en la Ley 445.

Son varios los motivos, las fases y las modalidades en el proceso de migración y penetración de estos actores en la Reserva:[17]

La primera fase es la ubicación y posterior posesión de terrenos baldíos del Estado o de comunidades indígenas. Debido a las dimensiones de estos terrenos, las instituciones y los comunitarios no tienen la capacidad de mantener vigilancia para detectar y evitar la ocupación. Los actores que participan en esta fase generalmente son precaristas humildes y campesinos desplazados sin oportunidad de adquirir tierras por las vías legales.

Los intereses de este tipo de actores varían: unos están interesados en obtener un lote donde vivir y trabajar honestamente con su familia; otros quieren talar los árboles y vender la madera; y otros pretenden vender la tierra ocupada.

Dentro de esta categoría se encuentran algunos pobladores originales de la Región, que motivados por ofrecimientos de compra, venden sus parcelas y buscan otro lote que ocupar para realizar el mismo procedimiento una y otra vez.

Otros colonos llegan —fundamentalmente de las haciendas de Chontales, Boaco y Matagalpa— por instrucciones de sus patrones. Son hombres de confianza de los hacendados, encargados de ocupar las tierras y preparar las condiciones de la propiedad ocupada: talan los árboles, venden la madera —o la queman si no la pueden vender—, siembran pasto y hacen potreros para recibir el ganado de sus jefes. Estos ocupantes son utilizados como testaferros que permanecen en el territorio en representación de sus patrones; más aún, alientan a sus familiares a aventurarse con ellos para también tomar y parcelar tierras.

La segunda fase ocurre cuando personas humildes —precaristas o mandados por alguien— se han asentado y adquirido supuestos derechos posesorios por el tiempo que tienen de estar ocupando las tierras. Entonces aparecen los compradores —que muchas veces son las mismas personas que financiaron o incentivaron la penetración— y compran los derechos posesorios adquiridos por los primeros.

Estos segundos actores no tienen otro interés que aprovecharse del bosque. Una vez talado el bosque y vendida la madera, venden las propiedades a ganaderos pudientes, o desarrollan la agricultura.

En esta categoría se ubican algunas personas que más de una vez han recibido tierras del Estado, y cada vez que el Estado los beneficia, venden lo asignado y se trasladan nuevamente a la Reserva para volver a pedir tierras. Por lo general estas personas tienen contactos en el Pacífico y son negociantes habituados a esa práctica.

Otro tipo de actores son los que poseían propiedades y fincas en otros departamentos o áreas, las vendieron y se trasladaron con su familia a penetrar la Reserva, luego reubican su ganado en la propiedad recién adquirida, que suele tener mayor extensión que la que tenían anteriormente.

La tercera fase acontece cuando grandes terratenientes se presentan en la zona y, aprovechándose de las carencias de los campesinos, les pagan para que entren al territorio, tomen posesión de tierras, adquieran derechos posesorios y luego vendan o cedan estos derechos al mismo terrateniente que financió la penetración.

Estos terratenientes tienen interés en desarrollar la ganadería intensiva, pues aparecen comprando tierras en donde las condiciones de venta ya fueron creadas por los actores de las fases anteriores. Son personas con mayores o menores conexiones con oficiales y agentes de los gobiernos, y por tanto, con posibilidades de “legitimar” la penetración y posterior apropiación de áreas ubicadas dentro de la RBB.

En Siuna, Bonanza y Rosita están siendo afectadas las comunidades indígenas mayangna, por la irresponsabilidad de algunos miembros y líderes comunitarios que han vendido la tierra a terceros. Y como el mandato electivo de las autoridades comunales es de corta duración, no hay mayores mecanismos de control, y terminan “heredando” el problema a las siguientes administraciones.

Una de las mayores dificultades que tienen las comunidades para controlar la penetración ilegal en sus territorios es que poseen grandes extensiones de tierra pero no tienen ninguna capacidad de garantizar la protección, en consecuencia, pierden el control del territorio. Luego ocurre que los que compran los terrenos los venden a otros, y así se estructura la cadena que promueve, gestiona y efectúa la penetración.

Las alcaldías se adjudican las tierras comunales y estatales a través de minutas descriptivas. Inscriben los bienes en la misma alcaldía —en el Registro de la Propiedad con sede en Puerto Cabezas—, y después los donan a particulares. Posteriormente el particular registra la donación a su nombre, y de ese modo se perpetúa el clientelismo político y las lealtades de los beneficiados.

Los particulares que no gozan del apoyo y favor de las autoridades municipales esquivan la alcaldía y otras instituciones del Estado, y prefieren acudir directamente ante un notario público. Este emite una escritura pública a su favor, que contiene una declaración unilateral del interesado acerca del estado de posesión, y luego el particular inscribe el bien en el Registro Público de la Propiedad Inmueble.

Las financieras que operan en la zona, para legitimar derechos y otorgar financiamiento, promueven las declaraciones notariales, a fin de dar seguridad jurídica y económica a los créditos colocados y garantizar que los deudores tengan bienes que puedan cubrir las deudas asumidas en el caso de que el deudor no cumpla con el pago del crédito otorgado.

La expectativa de obtener las indemnizaciones ofrecidas a terceros en la Ley 445, y la posibilidad de conseguir tierras a través de traslados de terceros a bancos de tierras aportados por el Estado, son otras de las motivaciones para penetrar al territorio de la Reserva y de las comunidades indígenas.[18]

La penetración continúa y se agudiza porque es más grande la capacidad de los diferentes actores para gestionar su negocio, que la capacidad de las instituciones para dar solución al problema.

10.2.4 Debilidades en el sistema de tenencia

Según los entrevistados, el actual gobierno y los funcionarios públicos tienen disposición institucional, sensibilidad y voluntad para trabajar y proteger la Reserva, pero el gobierno tiene problemas estructurales prioritarios —como es la pobreza extrema, la salud, la educación, sectores éstos que fueron abandonados por los gobiernos anteriores y que para el actual gobierno son áreas de primacía—; en consecuencia, una buena parte del presupuesto nacional se destina a esas prioridades.

En este contexto, la conservación y protección del medio ambiente no tiene la preponderancia estratégica institucional y estructural que debería tener como plataforma de desarrollo económico del país. Esto ocasiona que los recursos asignados y las capacidades técnicas y administrativas de las instituciones en el territorio sean insuficientes y deficientes, lo que a su vez propicia la penetración de la Reserva, por falta de tutela, de seguimiento, de coordinación y de apoyo institucional.

Los fondos de que disponen las instituciones y delegaciones regionales provienen principalmente de los países donantes y de los organismos internacionales.[19]

En su condición de administradora de la RBB, MARENA-SETAB tiene muchas debilidades. Las competencias que le son asignadas por la legislación desbordan su capacidad administrativa y operativa real. No ha podido ejecutar los planes de manejo de la Reserva; tampoco ha logrado establecer comunicación fluida, coordinación interinstitucional ni articulación entre la administración central, la administración regional y las delegaciones municipales.

Los procesos administrativos, en los casos de infracción de las normas ambientales, están centralizados en la sede regional en Puerto Cabezas, que es la encargada de emitir las resoluciones administrativas.[20]

En opinión del delegado de MARENA en Bonanza, la Delegación Regional no cuenta con el presupuesto mínimo para desplegar la capacidad de solventar los problemas; afirma él que las delegaciones municipales reciben las denuncias, hacen las inspecciones e interponen las denuncias en la Delegación Regional, pero ni la Delegación, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría intervienen en el proceso, y no resuelven los asuntos de agresión al ambiente que son sometidos al conocimiento de las autoridades competentes.

La falta de recursos económicos limita la posibilidad de realizar las inspecciones ambientales y los operativos técnicos para dar seguimiento a los procesos administrativos y comprobar las denuncias de invasiones de tierra, tráfico de madera y daño ambiental.

La movilización en el territorio es peligrosa, por la presencia de traficantes de tierra, mafias madereras y delincuentes de diverso tipo. Eso obliga a los funcionarios a hacerse acompañar por miembros de la Policía y del Ejército a fin de realizar las inspecciones, lo que encarece los desplazamientos.

El mal estado de las vías de acceso a los territorios, las grandes distancias y la falta de medios de transporte son factores que también entorpecen la coordinación entre las diferentes delegaciones municipales, por lo costoso que resultan los viajes, los viáticos y las reuniones.

Otra debilidad es la falta de asesoría técnica jurídica en los territorios para hacer las consultas necesarias, lo que burocratiza aún más los procesos administrativos ambientales, al punto de que los funcionarios regionales tienen que solicitar asesoría a los abogados de MARENA en Managua, lo que aumenta la retardación en la resolución de los procesos.

MARENA-SETAB no dispone de los equipos, medios logísticos y materiales de oficina necesarios para cumplir su cometido.

El cuerpo de guardabosques oficiales y voluntarios es débil: presenta un déficit de instrucción especializada para cuidar la Reserva y los recursos naturales; no ha podido sostener el avance de la frontera agrícola, ni la penetración de los colonos. Se calcula que sólo en el cerro Saslaya, que es el corazón de la Reserva, existen más de 2,000 familias, y MARENA-SETAB no tiene capacidad ni posibilidad real para detenerlos, por falta de presupuesto, de recursos y de personal calificado. Los invasores los superan en número, además de que los amenazan.

Según la delegada regional de Puerto Cabezas de MAREAN/SETAB, la coordinación entre MARENA y el gobierno regional es escasa y deficiente en materia ambiental.

El gobierno regional tiene su propia institución regional, que es la Secretaría de Recursos Naturales (Serena). Sin embargo, según la ley esta institución tiene facultades para administrar los recursos naturales de la Región, mientras que la facultad de regular el cumplimiento de las normas ambientales le compete a MARENA.

MARENA redujo su incidencia y presencia de personal en la Región para dar lugar a que Serena asumiera las responsabilidades asignadas por la ley, pero Serena está centralizada en Bilwi y todavía no tiene presencia institucional en los municipios, por falta de recursos y personal para atender a toda la región.

El gobierno regional, a través de Serena, autoriza todo tipo de permisos ambientales, forestales, de pesca y mineros, función que realiza sin ningún control, ni plan de gestión, ni seguimiento de las normas ambientales. Esto genera un traslape de funciones entre las instituciones y falta de transparencia en sus administraciones por la falta de coordinación, información mutua, falta de observancia de las leyes y programas ambientales por parte de algunas personas naturales y jurídicas etc.

Cabe destacar que el arto. 24 de la Ley 28, Estatuto de Autonomía, determina que las resoluciones y ordenanzas de los Consejos Regionales deberán estar en armonía con la Constitución y las leyes de la República.

Actualmente hay en el territorio 21 aserríos —entre privados, de ONG y del gobierno regional— que supuestamente se instalaron para cortar madera y construir viviendas para la población afectada por el huracán Félix, pero el ejecutivo de INAFOR determinó que de la totalidad de la madera cortada, el 80% se destinara al comercio y el 20% para la construcción de viviendas —sin permiso de INAFOR y sin planes de manejo—, y la madera se está usando para beneficio de personas particulares y no de las comunidades.

Según los entrevistados, tras el huracán Félix la presencia del Estado en el territorio ha sido mucho más beligerante, pues ha asumido la alimentación de la población damnificada, pero no genera opciones de trabajo.

En Bonanza no hay presencia de INAFOR ni del MAGFOR, no hay procurador ambiental, ni hay Intendencia de la Propiedad. La representación del gobierno regional es débil, sus instituciones no tienen mayor presencia, ni beligerancia, la Procuraduría Ambiental tiene su sede en Siuna, pero no tiene incidencia en Bonanza, adonde ni siquiera llegan, porque no tienen medios ni recursos para trasladarse.

En el caso de Bonanza, la Policía cuenta con pocos agentes y no tiene capacidad para atender a los 32,000 habitantes, 44 comunidades y 6 sectores distribuidos en 2,039 km2, además de que adolece del mismo mal que el resto de las instituciones: falta de presupuesto. El Consejo Regional también es débil. Las elecciones acaban de realizarse y los funcionarios en su mayoría son nuevos, por tanto, no conocen bien los problemas socioeconómicos y ambientales del territorio.

Otra enorme debilidad de las instituciones es el constante cambio y rotación de técnicos y funcionarios, al ritmo de los cambios de gobierno. Por tanto, no hay secuencia en el trabajo. La falta de seguimiento y conocimiento debilita la beligerancia del funcionario en el cumplimiento de las funciones.

La posición del anterior procurador general de la República era que la Procuraduría no tenía el deber de participar en representación de los derechos de las comunidades indígenas, violentando la obligación de tutelar y garantizar estos derechos conforme a la Constitución Política. En consecuencia, cuando los procuradores en el territorio participan en las oposiciones, los argumentos se enfocaban en el daño ambiental al área protegida y omitían la tutela de los derechos de las comunidades indígenas. Es decir, el procurador auxiliar no actuaba en representación y defensa de la comunidad indígena.[21]Lo que con el actual gobierno parece que está cambiando.

El Ministerio Público, en su condición de representante de las víctimas, no interviene en los conflictos de propiedad como parte acusadora, porque la institución ha emitido circulares administrativas —dirigidas a los fiscales auxiliares— estableciendo la prohibición de actuar como parte acusadora en conflictos de propiedad, usurpación, penetración ilegítima, daños a la propiedad y otros. El argumento para no intervenir es que consideran que tales delitos no son de su competencia, sino que incumben a la vía civil, y que pudiera ocurrir que las personas acusadas tuviesen acreditados ciertos derechos sobre la propiedad en discordia, lo que implicaría que primero hay que esclarecer cuál de las partes en disputa tiene mejor derecho sobre el bien —que es un estado que sólo puede ser declarado por autoridad judicial civil—, y luego, ya con la sentencia que determina quién es el legítimo dueño o poseedor de la propiedad, proceder a acusar por la vía penal, situación que deja en total indefensión a los comunitarios frente a actores que pretenden despojarlos de sus tierras.

La falta de recursos económicos de las comunidades indígenas les impide contratar abogados para impulsar procesos judiciales por la vía civil, lo que es causa de indefensión e impotencia ante las ocupaciones ilegales.

Al consultar a algunas autoridades de MARENA, argumentan que han hecho enormes esfuerzos para implementar desalojos masivos de colonos asentados en áreas protegidas, pero que cuando estas personas quedan en manos del Poder Judicial siempre encuentran alguna vía para eludir la ley. Es decir, plantean que la debilidad fundamental está en el Poder Judicial, y que uno de los argumentos que aducen los funcionarios judiciales es el vencimiento de término de los procesados retenidos —un máximo de 48 horas para ponerlos a la orden de la autoridad judicial—, pero habida cuenta de las distancias y el mal estado de los caminos, se demoran mucho más de 48 horas en bajarlos de las montañas y ponerlos a la orden de autoridad judicial competente. De ese modo los desalojados quedan en libertad y eluden los procesos iniciados en su contra. Los migrantes internos saben que existen todas estas debilidades, y sacan provecho de ellas.

Ahora bien, las debilidades no son debidas únicamente a la falta de capacidad de las autoridades nacionales. La cooperación extranjera también tiene responsabilidad. Por ejemplo, si bien la cooperación alemana donó 30 millones de dólares para el manejo de la Reserva, esa donación comprendía la imposición de planes ineficientes y de consultores inexpertos en la materia, según opinión de los entrevistados en el territorio.

¿Cómo interpretan las comunidades indígenas el tema de la cooperación externa? Según dicen, los cooperantes llegan a sus territorios, toman fotos que luego exhiben en sus documentos, sueltan el dinero a quien no deben, y nada de ese dinero le llega a la comunidad.

Dicen también que las autoridades de las distintas administraciones públicas —centrales, regionales y municipales— con presencia en el territorio no tienen un verdadero compromiso con la conservación del medio ambiente.

Las comunidades poseen registros de las iniciativas administrativas y jurídicas que han intentado ante las instituciones para defender sus derechos ancestrales, pero no han recibido respuestas positivas.

10.2.5 Situación económica general

Otras de las causas de la migración a la RBB, es la enorme cantidad de recursos naturales que posee, minerales, forestales e hídricos y las grandes extensiones de tierra.

Según la coordinadora de la SETAB de Siuna,[22] las motivaciones de los colonos para adentrarse en la Reserva son muchas: la necesidad de tierras para cultivar o para desarrollar la ganadería; el deseo de mejorar su situación económica; la creencia de que la Reserva, con sus grandes extensiones de tierra rica en bosques y en oro, les puede generar ingresos a través de la venta de madera, la agricultura, la siembra de pastos, la explotación artesanal de oro (güirisería), y la introducción de ganado. Además, la zona sirve de refugio a delincuentes y bandoleros, que saben que las instituciones tienen muchas debilidades, y se sienten seguros en la Región.

Cuando no había veda forestal en la RBB las compañías madereras incentivan a la población a hacer talas, para luego comprarles la madera. Es una manera fácil y rápida de obtener dinero.

El decreto de veda forestal emitido por el Estado ha sido mal recibido por la población, porque les prohíbe el acceso a uno de los pocos medios tradicionales de subsistencia, sobre todo cuando la gente no cuenta con otra alternativa que sustituya esa fuente de ingresos tan rápida y expedita.

Siuna tiene el índice de crecimiento poblacional más grande de Centroamérica: 4.9%. Los municipios con los índices más altos de migración interna en Nicaragua son Siuna, Rosita y Prinzapolka.

10.2.6 Choque de culturas y modelos de desarrollo

Tradicionalmente el uso y la administración de los recursos de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica se hacen en forma comunal, conforme a las normas establecidas por las comunidades y administradas por los síndicos, asesorados a su vez por los Consejos de Ancianos.

Se establecen normas de uso de los recursos, según las cuales, cada familia tiene la posibilidad de utilizar por un año una determinada extensión de bosque. Se utiliza un sistema rotativo para el manejo de las huertas. Está prohibido deforestar a una distancia menor de 100 metros de las márgenes de los ríos. Algunas áreas se consideran sitios sagrados e históricos

Las actividades tradicionales de subsistencia son la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Todas estas actividades dan lugar a la necesidad de conservar los bosques, proteger el hábitat de las especies y respetar la vocación de los suelos, que es eminentemente forestal y que garantiza la permanencia de los caudales en los ríos. Este modelo económico tradicional ha permitido la conservación de los recursos naturales en la región, actualmente los comunitarios requieren desarrollar otros modelos económicos en armonía con el bosque, pero que les generen mayores fuentes de ingresos que permitan una mayor y mejor integración al mundo de hoy y cubrir sus necesidades básicas.

La cultura de los mestizos en cuanto a la forma de tenencia de la tierra se tutela bajo el concepto de propiedad privada. En consecuencia, la administración de las tierras y su forma de uso dependen de los modelos de desarrollo contenidos e impulsados por esta forma de tenencia.

El modelo de desarrollo implantado por la Colonia y continuado por la República ha consistido en el cerramiento de lotes, la deforestación, la siembra agrícola y la siembra de pasto para la introducción de la ganadería, todo ello bajo el régimen de propiedad privada. Todas estas actividades quedan establecidas por las leyes y las administraciones como pruebas suficientes para demostrar la posesión de una propiedad — y la subsiguiente posibilidad de adjudicación de derechos— que se legitiman con el otorgamiento de títulos (supletorios, dominicales y agrarios).

Este contraste entre ambos modelos de desarrollo produce choques entre la mayoría de los migrantes que penetran en la Reserva y los miembros de las comunidades indígenas, en términos del respeto debido a la vocación forestal de los suelos, la protección del hábitat natural y la penetración y posesión de las tierras comunales y estatales.

También da lugar a la concepción simplista —manejada por diferentes autoridades y por la población en general— de que “los indígenas no trabajan” y que en vez de proteger el bosque hay que talarlo para sembrar, porque “la gente no vive de aire”.

Algunas autoridades de MARENA entrevistadas piensan que se debe implementar un cambio en los modelos de desarrollo: en vez de producción agropecuaria extensiva, impulsar modelos de desarrollo más amigables con la naturaleza y en armonía con la vocación natural de los suelos, por ejemplo, la agroforestería, que podría implementarse para preservar la RBB. Sin embargo, para lograrlo se tendría que armonizar el esfuerzo de otras instituciones y organismos de la sociedad civil.

La Ley 217, en sus artículos 95 y 98 enuncia que para el uso y manejo de los suelos y los ecosistemas terrestres deberán tomarse en cuenta:

a) “La compatibilidad con la vocación natural de los mismos, cuidando de mantener las características físicas/químicas y su capacidad productiva. Toda actividad humana deberá respetar el equilibrio de los ecosistemas”.

b) “Evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos negativos”.

El arto. 98 formula: “Las tierras definidas como forestales o de vocación forestal deberán explotarse con base sostenible y no podrán ser sometidas a cambios de uso”.

Así también los artículos 4, inciso 2; 14, inc. 2; 95, inc. 1, 2, y los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley 217 fortalecen las normas expresadas.

Otra de las debilidades de la cultura costeña es que por lo general los miembros de las comunidades que reciben una formación técnica no regresan más al territorio, sea porque se van del país o porque se quedan en Managua o en otros departamentos, de modo que las comunidades no cuentan con personal técnico que les ayude a enfrentar los conflictos.

Otras alternativas económicas no logran prosperar, por el costo que implica la inversión en estos territorios de difícil acceso, y porque las vías de comunicación son insuficientes, deterioradas o inexistentes.

Todas estas políticas estructurales establecidas e impulsadas por los gobiernos a partir de 1990 y caracterizadas por la falta de compromiso social, sumadas a las circunstancias y condiciones regionales específicas, han ocasionado un incremento en la demanda histórica de tierras por parte de campesinos desplazados, así como también un aumento en los procesos de migración y en la presión sobre los recursos naturales de Bosawás.


[1] “Contexto, logros y desafíos”. Cuéllar y Kandel. Prisma.

[2] “Costa Atlántica de Nicaragua: Características y desafíos”. Envío, núm. 4, septiembre 1981.

[3] “Autonomía regional en Nicaragua: Una aproximación descriptiva. Informe final”. Mattem, Jochen. Profodem/GTZ. 2002.

[4] “Contexto, logros y desafíos”. Cuellar y Kandel. Prisma.

[5] “¿Qué esta pasando en la Costa Atlántica?”. Envío núm. 9, febrero 1982.

[6] “Turismo y conflictos territoriales en el Pacífico de Nicaragua: El caso de Tola más allá de los titulares”. Bonilla y Mordt.

[7] “Breve, necesaria y tormentosa historia del FUAC”. Rocha, José Luis. Envío núm. 232, julio 2001.

[8] “Un nuevo principio revolucionario: Autonomía de la Costa Atlántica”. Envío núm. 45, marzo1985.

[9] Ídem.

[10] “Contexto, logros y desafíos”. Cuéllar y Kandel. Prisma.

[11] “Turismo y conflictos territoriales en el Pacífico de Nicaragua: El caso de Tola más allá de los titulares”. Bonilla y Mordt.

[12] “Contexto, logros y desafíos”. Cuéllar y Kandel.

[13] Comunicación personal con Lucas Wilfred; García Baker; Casco Gonzáles; Sánchez; Salomón Justo y Antolín Flores.

[14] Comunicación personal con Casco Gonzáles.

[15] “En la Costa tenemos más derechos que el voto”. Envío, núm. 314, mayo 2008.

[16] Comunicaciones personales con Casco González; Lucas Wilfred; Sánchez; Torres Garth; Mairena Cermeño; Moreno Zelaya; Oviedo.

[17] Comunicaciones personales con Casco González; Lucas Wilfred; Sánchez; Torres Garth; Mairena Cermeño; Moreno Zelaya; Oviedo.

[18] Véase el caso Sikilta en este mismo documento, acápite 13.

[19] Comunicaciones personales con: Sánchez; Velásquez; Casco González; Taylor; Moreno Zelaya; Mairena Cermeño; Miranda; Gutiérrez López.

[20] Art. 137 y siguientes del la Ley 217, Ley de MARENA.

[21] Comunicación personal con Alí Henríquez, ex procurador auxiliar (caso Sikilta).

[22] Comunicación personal con la coordinadora de la Secretaría Técnica Territorial, Setab MARENA, Siuna.

viernes, 14 de mayo de 2010

“Cornelio: Algunas reflexiones sobre el país de mis hijos y sus universidades

El texto abajo fue escrito hace casi 15 años .. pero lamentablemente no ha perdido nada de actualidad.

para mis hijos y mis estudiantes

por Cornelio Hopmann

Haga lo que hagas, pero siempre de una forma tal que la razón de tu actuar pueda convertirse en ley general para todos

Immanuel Kant, Imperativo Categórico

  1. La historia se repite ?
  2. Todo viene desde afuera ?
  3. Todo solo para la Primaria ?
  4. Recibir para no invertir ?
  5. Estudiantes pobres ?
  6. Universidades públicas para los ricos?
  7. Estallido anunciado ?
  8. Una ley de la Transición
  9. La Universidad como cuartel ?
  10. Un intento, fracasado antes de iniciarse
  11. Urgen cambios de fondo !

Miércoles, 13 de diciembre 1995: en los alrededores de la Asamblea Nacional, estudiantes y otra gente pobre se enfrentan a estudiantes y otra gente pobre, unos vestidos como tal, los otros disfrazados como policías. Resultado del choque: por lo menos 30 heridos, 6 de ellos de gravedad con consecuencia de por vida, 2 muertos.

Quien los ha puesto ahí ? Quien los ha opuesto así ? Sea mera coincidencia que los humos de las bombas lacrimógenas disparadas frente a la Asamblea Nacional invadieron también los salones de Olof Palme, donde en esos precisos momentos se llevó a cabo la reunión con los países y organismos donantes ?

Desde el mismo día abundan las explicaciones, donde por todos lados se insiste en establecer paralelas históricas: un masacre como el de la guardia de 59, una vez más las turbas sandinistas por el otro. Ninguna de estas supuestas explicaciones explica, más bien parecen síntomas de una nostalgia, que pretende volver por lo menos en palabras a tiempos y un mundo en lo cual por un lado todo pareció fácil de juzgar -los buenos y los malos- y donde por el otro todavía el amanecer era tentación.

La historia se repite ?

Comparto con el país solamente un poco más que 10 años de su historia, pero si todas las esperanzas que el país sea mejor para nuestros hijos. Sin nostalgia por tiempos, que no he vivido, armado solamente con conocimientos por lectura, pero si con la pregunta si esta historia se extenderá a mis hijos, veo otra constante: Desde de los tiempos de la independencia hasta, al parecer nuestros días, se repite la misma historia: las fracciones de la capa líder del país miden sus fuerzas en el campo de batalla, antes de sentarse a negociar entre si las cuotas de poder e ingresos. Sospecho que hasta la relativa relación numérica se ha mantenido desde aquellos tiempos: Unos -la mayoría- poniendo los combatientes, víctimas y espectadores-, los otros como fracciones fraccionándose y alienándose como en un caleidoscopio de un día al otro.

Lo que habrá cambiado serian la cifras absolutas de cada parte, no la relación. Los actores cambian, de vez en cuando nuevos actores entran, otros se repliegan, pero la pieza sigue igual.

Igual la inherencia invitada parece constante: Desde de los días de William Walker hasta los días de John Maisto, se invita o se combate a que desde afuera se financie y por tanto decida el desarrollo del país. Igual como las alianzas se cambian de un día al otro, de una hora a la otra se pasa de la invitación a la condena, del rechazo al abrazo. Asombra la facilidad de cambiar papeles y posiciones.

Si -con todo respecto y más bien con mucho cariño- se toma al país como si fuera un persona, entonces Nicaragua presenta todas las características de un adolescente: ya no niño, pero todavía sin criterios propios ganados por experiencia, se cambia de parecer de un día al otro. Por esto a veces me inclina a darle este sentido a aquella frase celebre de Rubén Darío: el joven con todo su futuro por adelante, soñando de ser algún día alguien.Todavía no se conoce a si mismo. Quiere sentirse fuerte pero a la vez inseguro busca como reducir cualquier situación a blanco y negro, facilitándose la elección del camino para mañana.

Ahora bien, en los mismos libros de mi lectura, autores nicaragüenses de todo índole no se cansan en buscar, presentar y hasta inventar razones por lo cual Nicaragua le importaba a otros por ser importante para ellos. Con mis antecedentes en el norte, déjenme constatar que Nicaragua nunca tenia importancia vital para nadie afuera. La corona española mandó siempre la cuarta o quinta categoría de funcionarios, los diferentes emisarios de los EE.UU. eran de igual categoría. La gran mayoría de los embajadores de otros países de antes y de hoy o tenían Nicaragua como su último puesto -antes de jubilarse- o dentro de sus primeras posiciones con responsabilidad en su respectiva carrera diplomática. Excepciones confirman la regla.

En los libros de la historia allá aparece Nicaragua en las notas de pie de pagina, cuando por una u otra condición circunstancial accidentalmente algún suceso sucedió en aguas o territorios nicaragüenses o por circunstancias coyunturales la ubicación geográfica -no el país- llamó la atención.

Aún en la década pasada, Nicaragua figuraba en la agenda del Norte solamente como una carta más de cierto valor en el póker por influencia y poder entre EE.UU., Europa Occidental y el Bloque Socialista.

Adolescentes desarrollan su autoestima en base de que ellos, independiente de su comportamiento o capacidad, siempre importan a alguien: sus padres. Países, como se ve, no tienen tal suerte, sino tienen que valerse desde el primer día de si mismo. Al llegar a la mayoría de edad se aprende, que lo esencial no es importarle a alguien sino de ser respetado por muchos, o dicho de otra forma que la autoestima es condicio sine qua non para el respeto externo y que este respeto es la única base para importancia como tal.

Entonces Nicaragua tiene que confiar en si mismo -es decir que todos y cada uno confíe en su propia capacidad para sacar adelante al país-, porque ningún dirigente ni mucho menos la inversión extranjera van a levantar al país, como a pesar de todas las promesas nunca lo han hecho en el pasado .

Todo viene desde afuera ?

El abismo entre importancia real en el exterior e importancia siempre asumida desde a dentro, tiene su explicación: dado el tamaño del país -en términos económicos no alcanza ni el 20% de Dade-County, Florida- sumas afuera ridículas en el contexto de Nicaragua aparecen como fortunas. De esta forma la influencia externa en los balances internos toma un peso, que en la realidad externa no le corresponde.

Sucede entonces una proyección inversa: en Nicaragua se comienza a suponer que el peso que se da a X institución multinacional o X país en Nicaragua le corresponde un peso igual que este tenga dentro de la lista de puntos de importancia de aquellos. Dudo que el director general del FMI haya pasado una sola noche de insomnio, pensando en Nicaragua.

Por tanto en este momento de la historia, nadie desde afuera esta imponiéndole a Nicaragua una cierta política por algún interés específico en el país. sino se plantea dos cosas muy simples: que se cierre la brecha entre importaciones y exportaciones y que el estado recupere una solidez financiera, que le permite a enfrentar las nuevas deudas. Como alcanzar los objetivos, le corresponde exclusivamente a Nicaragua, salvo que se tiene que presentar argumentos y hechos convincentes que soportan, que la política implementada permitirá alcanzar los objetivos.

Los últimos 15 años no obstante, han encaminado al país por un sendero que, lejos de salir de la dependencia, tanto real como espiritual, nos hunde cada día más. La actividad económica externa de mayor impacto para Nicaragua la constituye la canalización de recursos externos en concepto de donaciones y prestamos. Tal como funciona el mecanismo de obtención y asignación, tanto con el gobierno anterior como el actual, la asignación interna de estos recursos no dependen de eficiencia y eficacia en su uso -es decir de la competencia- sino de influencias, conectes y amarres. La buena intención de ayudar a los necesitados sale por la culata: Como no hay consenso ni criterio que constituya necesidad, hay una carrera inversa y perversa: en lugar de presentarse como eficiente y exitoso, todo el mundo se apresura para presentarse como el más necesitado de todos.

Los efectos letales van más allá: desde de las instituciones del estado hasta la banca estatal, los respectivos ingresos dependen menos de la inversión rentable de los recursos externos y más de que haya un flujo constante, y ojalá creciente, de lo cual se puede apartar porcentajes como costos de manejo, administración y canalización, o sea ingresos de transferencia.

No sorprende pues que un mecanismo absurdo y podrido se convierta en corrupción común por todos lados por un lado y que por otro es consecuencia obvia que el país se descapitaliza cada día más.

Todo solo para la Primaria ?

Dentro de esta lógica fatal, el planteamiento de las autoridades de las universidades del CNU, si tiene coherencia: Lo que ellos reclaman es, que se les canalice en forma directa un porcentaje fijo igual como a otros segmentos de la sociedad de la misma capa.

No confíen, que pueden ganarse este porcentaje a través de servicios, puesto que por un lado se sienten excluidos de los mecanismos de amarre -nadie nos toma en cuenta- y por el otro temen que muchos campos donde sí tendrían capacidad de aportar, no tendrán chance, puesto que los fondos externos ya vienen arreglados en que los trabajos de investigación, desarrollo y consultaría se ejecuten por profesionales del país u organismo donante.

Aducen además, que los organismos internacionales -incluyendo las instituciones bancarias internacionales- se enfoquen en proyectos de necesidades básicas en áreas de educación, salud y prevención de desastres.

Este en el caso de Nicaragua es cierto. Pero no es que estén por principio en contra de apoyar proyectos de alta tecnología o de educación superior -los créditos a largo plazo y la asistencia para el desarrollo concedidos últimamente a Costa Rica lo muestran - sino ellos exigen consistencia y coherencia en los planteamientos nacionales: Si Nicaragua misma presenta como problemas principales la carencia de bienes y servicios básicos en educación, salud y vivienda, entonces ellos no aceptan que el país dirige la mayoría de sus recursos propios hacia otros problemas, esperando tácitamente que la comunidad donante se haga cargo de los problemas básicos en forma permanente e indefinida.

No hay una política de primarización forzada desde afuera, sino se exige, que Nicaragua muestre que la inversión en las universidades esté dentro de las formas más eficientes y eficaces para resolver los problemas señalados por el mismo país como básicos. Hasta la fecha falta tal demostración.

Recibir para no invertir ?

En consonancia con el ambiente del país la meta de todos es participar, donde se distribuye riqueza, y no invertir para producir riqueza. Las actuaciones del mismo CNU lo afirman: Ya en el preludio a la batalla anterior en 1992, el CNU recurrió de amparo contra una disposición del gobierno, por la cual se pretendía asignar por el gobierno porcentajes a inversión y gastos corrientes.

Ganado el juicio por el CNU, no obstante, las universidades no elaboraban por autoridad propia un plan de inversión, sino continuaron a gastar más que un 97% del presupuesto en gastos corrientes. No se conoce tampoco un plan contundente y convincente de inversión por lado de las universidades a donde dirigir con que fines fondos de la cooperación externa.

De este panorama sale solamente la UCA, que usa la aportación estatal más las mensualidades escalonadas -ya no son voluntarias como manda la ley, puesto que el sistema voluntario fracasó- para sufragar su gastos de operación en el pregrado. La UCA ha invertido toda la cooperación externa en un programa de inversión a largo plazo, construyendo edificios y adquiriendo terrenos como nunca antes. Quizás se debe este hecho al que el Rector de la UCA es economista. No obstante aún la UCA piensa, que se requiere del aporte estatal garantizado por unos 2-3 años más, hasta que las inversiones hechas rinden resultados.

Estudiantes pobres ?

Quizás por este objetivo táctico, al parecer el Padre Rector se olvidó de las palabras y argumentos, con los cuales el justificó la política de aranceles del UCA, diciendo que la mayoría de los estudiantes de la UCA no eran pobres, sino cuando mucho clase media empobrecida.

Los estudiantes verdaderamente pobres están en retirada forzada desde hace años. Obviamente la familia de este estudiante está más afectada que otras por la situación económica global. Pero a la vez los mecanismos de selección y ubicación, que aplican todas las universidades, con excepción otra vez de la UCA, cierren año tras año mas las puertas para ellos.

En 1990 se tomó como criterio el promedio de la secundaria, en 1995/96 se ha pasado a un sistema, donde le corresponde un 60% de la nota de clasificación al examen de admisión. Este sistema ha llevado consigo que el porcentaje de estudiantes aceptados correspondientes a escuelas públicas ha bajado de un 65% en 1990 a menos que un 40% en 1995 del total, donde debe tomarse en cuenta además que el universo de escuelas públicas es mucho más grande que el de secundarias privadas, no obstante que muchos padres de familia de clase media aún con sacrificio trasladaron sus hijos a colegios privados, como la gran mayoría de los docentes universitarios. En cifras 1 de cada 30 aspirantes del Ramírez Goyena tiene chance de ingresar, mientras 2 de cada 3 candidatos del Centro América clasifican sin problemas.

Los remedios, como los años o cursos de nivelación y preparación ofrecidos entre otros por la UNI, resultan peor que la enfermedad. De hecho se han convertido en fuente de ingresos adicionales tanto para profesores como para la institución. Solamente el Centro Nacional de Estudios Generales de la UNI cerró en el año pasado 1994 con un superávit de un Millón de C$ -ya restados todos los gastos y costos.

En el año 1995, con una mensualidad elevada de 150 a 250 C$, habrá una superávit aún mayor. Aunque la cantidad de estudiantes que atiendan a estos cursos crece año tras año, solamente un tercio llega a entrar a final a la universidad. Es decir los que no entran, financian a los que entran.

Los cupos reservados para los felices egresados de CNEG, creciendo de un 20% en 1993 van a llegar a un 60% para el nuevo ingreso de 1996, favoreciendo aún más al pudiente.

Cabe la pregunta, cual estudiante pobre tenga los recursos para mantenerse en Managua y además pagar 250 C$ mensualmente. De esta forma, el estudiante pobre de un departamento rural ya es especie en extinción .

Universidades públicas para los ricos?

Todas las universidades estatales han reducido sus cupos para el primer ingreso en los últimos años, hasta casi la mitad como en el caso de la UNI, con una demanda constante hasta creciente. De esta forma el pobre estudiante de un colegio público tendrá un chance 1 : 500 de clasificar, si se atreve a prematricularse directamente. No falta mucho para tener una situación como en Brasil, donde el estudiante rico va gratis a la Universidad pública de prestigio, mientras el estudiante pobre paga por una educación pobre en una seudo-universidad privada. UPONIC y UCCOM ya muestran claramente esta tendencia.

Pero no solamente las puertas de nuevo ingreso para las clases pobres se han cerrado, sino hoy en día solamente asistir a clase es gratis, a veces ni siquiera esto. Desde el pago por el uso de laboratorios, pasando por el pago de fotocopias, folletos y los textos de los examen, hasta el famoso curso paralelo pagado -supuestamente por falta de profesores- el estudiante tiene que incurrir en un sin numero de gastos extra, si el o ella quiere graduarse al final. Y aún no hemos incluido la compra de bibliografía casi obligatoria, que si hay en las librerías pero no en las bibliotecas. Se estima, que un estudiante de ingeniería tiene que organizarse unos 150 C$ mensuales como mínimo para enfrentar estos gastos.

Entonces, agobiados por pagos por todos lados y percibiendo que rápidamente se convierten en minoría, entre los estudiantes de extracción pobre crece día a día desesperación y angustia. Aún más, cuando ellos en muchos casos son los portadores de la única esperanza de toda su respectiva familia, parientes incluidos, para salir de la miseria. No sorprenden entonces la rabia hasta violencia, productos de esta desesperación y cercenamiento dentro de la misma universidad, cuando deliberadamente se incendió la mecha.

Estallido anunciado ?

La situación explosiva se ha venido acumulándose durante los últimos años. Todos los universitarios lo sentimos. Porque entonces estalla hasta ahora y no antes ? La explicación es relativamente simple.

Hace un poco más que un año en las universidades públicas asumieron nuevos funcionarios los cargos de dirección en todos niveles, nuevos solo en los cargos dado que en gran mayoría son funcionarios de carrera administrativa-política desde ya de la década pasada.

Ganaron sus respectivas elecciones con consignas como de 1989/90: Todo será mejor - para todos. Obviamente casi nada resultó mejor, por parte por ineficiencia hasta corrupción, por parte por contradicciones en las mismas promesas: No se puede prometer estudios gratis, mejoras salariales e inversiones al mismo tiempo, sin indicar ni saber de donde saldrían los recursos adicionales.

Al verse confrontado con las promesas incumplidas, las dirigencias, -institucionales, gremiales y por ende estudiantiles- optaron por la táctica del 'pararrayos', o sea había que encontrar al culpable a cualquier costo y por supuesto fuera de la Universidad, adaptando un modelo ya establecido, según lo cual FMI y BM y sus imposiciones son los culpables del desastre económico.

Ellos sabías desde de las negociaciones del año 1994 en torno a las reformas constitucionales, que el presupuesto para 1996 iba a ser en base de los ingresos ordinarios, hasta estaban dispuesto aceptarlo en forma explícita como precio para la inclusión del 6% a la Constitución, como lo muestra la carta del Presidente del CNU del año pasado. Sabían, que como parte del pacto político para la vigencia de las reformas, la ley de autonomía estaría en la agenda, donde el tenor de las negociaciones - mantenimiento del subsidio institucional y en cambio inclusión de UNICA, UAM y Universidades de la Costa- era secreto a voces.

Por el otro lado, la capa líder del país, desde noviembre de 1994 hasta noviembre de 1995 tenia otros puntos más importantes en la agenda, que afectaron en la sustancia los balances de riqueza, ingresos y por ende poder entre ellos mismos. Primero las reformas a la Constitución, después su promulgación e implementación y por ende los problemas relacionados con las leyes de la propiedad y de la privatización de TELCOR. En todos estos puntos estaban en juego fuertes intereses económicos y solamente con mucho esfuerzo se llegó a un nuevo equilibrio frágil entre las fracciones.

El conflicto por el 6% no afecta seriamente a nadie, salvo los inmediatamente involucrados. Por tanto un cínico podría decir que era hasta bienvenido, puesto que sacó los conflictos de fondo -plasmados en los leyes arriba mencionados- del primer plano de la opinión pública.

El conflicto permitió aprobar sin llamar mucho la atención el paquete grueso del presupuesto, un presupuesto completamente dentro de las líneas de canalización de fondos externos como mencionado arriba. Lo muestran el déficit fiscal de un 40% a financiarse por recursos externos y el hecho que los mismos diputados canalizaron 60 Millones de Córdobas a proyectos de desarrollo, propios e individuales por diputado.

Entonces, se estableció una batalla con una consigna única - el 6% para la Universidad-, pero con objetivos y motivos muy diferentes: Los estudiantes de abajo, asfixiados y cada vez más escasos en la misma universidad, con el objetivo de mejorar en forma efectiva su situación o por lo menos frenar el deterioro, la dirigencia del CNU con el objetivo de ganar terreno político/jurídico antes de entrar al debate sobre la ley de autonomía. Para el CNU y otros, que se metieron, los estudiantes eran solamente medio de presión para alcanzar objetivos estratégicos, no los actores principales, reafirmando un patrón histórico, que ya mencionamos arriba.

Los resultados de esta estrategia mutua de los dirigentes -Universidades, Gobierno, Asamblea - los conocemos, donde el desenlace trágico y fatal se produce por ende por la bruta arrogancia del poder militar, que bajo ninguna circunstancia quiso permitir, que los estudiantes se burlaran una vez más de el, como había sucedido los días anteriores, en el MIFIN y en el aeropuerto. O sea las cosas salieron del control de los mueve-piezas, quedándose mártires -es decir una vez más jóvenes sacrificados- en el camino.

Una ley de la Transición

La Ley actual de Autonomía Universitaria, Ley 89, fue concebida en Marzo 1990, como una ley destinada a la defensa de las conquistas de la Revolución desde de las trincheras universitarias. Tomó como base un borrador de 87/88, que pretendía enmarcar las universidades dentro del proceso revolucionario. Nadie, que participó en los debates y que tenga todavía los borradores, observaciones y actas en su archivo como yo, puede negarlo.

Nada resultó como unos temían u otros esperaban. El 'gobierno desde abajo' no se dio, el mismo FSLN lo abandonó como estrategia. Tampoco se dio la concentración de militantes Militantes en las universidades: muchos entraron en 1990 pero no fueron recibidos con brazos abiertos y al final se quedaron solamente aquellos, que no encontraron mejores opciones en otros lados.

El concepto de trinchera no falló solamente por cambios externos, sino por las mismas contradicciones internas: en toda la década de los 80 no se había tratado a las universidades como bastiones del sandinismo sino más bien como reductos de la sociedad burgués, que se pretendía superar. Basta leer el último discurso inaugural de Daniel Ortega para el Año Lectivo 1987.

Precisamente por desconfianza y no por confianza se había montado toda una estructura de control y seguimiento -el aparato del Consejo Nacional de Educación Superior-, para reglamentar y controlar las universidades hasta en los más mínimos detalles. Obvio que en esta década las universidades no tenían ninguna prioridad presupuestaria y el porcentaje asignado no alcanzo ni el 3% histórico. Obvio igual, que las autoridades se nombró por la Presidencia de la República, nada de elecciones, mucho menos de autonomía.

Igualmente las organizaciones gremiales, en lo particular la organización estudiantil, se habían convertido en meros medios de transmisión, donde en lo particular a UNEN le tocó el papel de movilizar y reclutar para el Servicio militar. En consecuencia habían colapsado de hecho, de tal forma que en varias facultades y universidades en 1987, 1988 y 1989 ni siquiera se encontraron candidatos para las elecciones estudiantiles.

La Universidad como cuartel ?

No obstante entonces, que las universidades públicas de hoy están lejos de 'bastiones de sandinistas ortodoxos', como supone equivocadamente el Ministro Belli, si la Ley de Autonomía implementa a dentro de la Universidad un régimen vertical de poder y mando, incompatible con un desarrollo académico. Las personajes más importantes son Rectores y Decanos y sus respectivos comisiones y consejos.

Para mantener el control que antes se tenía a través del CNES, se le dio una posición fuerte y mayoritario a los representantes gremiales, de tal forma que estos tienen la última palabra en los consejos, estableciéndose a la vez exclusividad para los organizaciones gremiales existentes, que en la actualidad de hoy representan solamente la minoría, como muestra claramente la participación escasa en lo particular en las elecciones.

Para prevenir, que alguien nuevo se metiera desde afuera, se estableció al CNU como legislador, juez y parte: Cualquier nueva universidad o Centro de Educación Superior requiere de la autorización del mismo para funcionar legalmente.

Pero no se estableció por lay ley criterios exactos, bajo lo cual el CNU debe conceder tal autorización. Obvio entonces -como admitió públicamente el Presidente del CNU-, que se exigió a la instituciones aspirantes la renuncia previa a la participación en el 6% como condición para autorizar su funcionamiento.

Asignarle a esta universidad el papel de trinchera no resultó viable. Pero si, fortaleció una tendencia de autoexilio aún con signos cambiados, que mantenía la Universidad lejos de su ambiente. Los intentos de romper el circulo, in lo particular de la UNAN Managua y de la UNI en los años 1991/93 por tanto no fructificaron ni adentro ni afuera.

Un intento, fracasado antes de iniciarse

Como resultado del fin de la guerra, en estos mismos años se incrementó en forma explosiva la cantidad de estudiantes. Solo de ejemplo, la UNI de 1990 a 1992 creció de 3500 a más que 7000 estudiantes. Esta explosión, que las universidades no supieron a manejar conjuntamente con reglamentos y planes de estudio vigentes desde de los años 80, forman la base social para el primer movimiento para el 6% de 1992.

Este movimiento nació en forma genuina desde de los bases estudiantiles -a diferencia de 1995-, y los jóvenes reclamaron no solamente un financiamiento adecuado sino también un profunda reforma universitaria. Pero era más: era una generación desmovilizada que reclamaba el papel de protagonista como las generaciones anteriores, una generación la que desde 1985 hasta 1990 había servido solamente como base de reclutamiento y movilización. Entonces, no eran casual las consignas contra el aquel entonces todavía Jefe del ejercito General Humberto Ortega, lanzadas desde de la marcha culminante a la Asamblea.

Con la experiencia en mecánica política ganada en la fase anterior, el aparato logró divertir los objetivos hacia una campaña en defensa del estatus económico, en lo particular de aquellos segmentos docentes y administrativos que no tenían perspectivas fuera de las universidades, salvo de regresar a la secundaria o de engrosar las filas de los desempleados por compactación del estado. Estos segmentos se sentían aún más amenazados porque -a diferencia a los años 80- hay una sobreoferta de personal calificado en la calle, en lo particular por aquellos, que terminaron sus estudios en el exterior y regresaron con títulos de postgrado más experiencias en investigación y desarrollo.

Como cualquier reforma universitaria tiene que incluir una revisión critica de los escalafones y posiciones, para incentivar nivel e iniciativa, la reforma fracasó aún antes de iniciarse. Otra vez, la UCA sale del panorama, quizás porque los gremios en ella no tienen el papel dominante como en las demás universidades.

Urgen cambios de fondo !

Si no se quiere continuar la misma pieza, si, como le corresponde, la Universidad quiere romper hasta con patrones históricamente establecidos, entonces urgen cambios de fondo y no otro arreglo entre poderes y fracciones.

Hay que sacar las universidades públicas del juego político.

Deben encontrarse formas más democráticas, abiertas y participativas para la participación de toda la comunidad en la dirección de la Universidad, superando la camisa de fuerza de los gremios, donde por elecciones indirectas en varias etapas o por planchas amarradas, al final se impone el más astuto en alianzas sobre aquel que argumenta.

No hay debate libre y abierta en busca de consenso o por lo menos convivencia en la diversidad sino las elecciones abiertamente apuntan a conquistar el poder para marginar al oponente.

El estancamiento -tanto en investigación como en docencia y planes de estudio- es resultado directo de esta estructura vertical. Por tanto hay que a la vez democratizar como academizar las estructuras.

El periodo actual de un rector o decano es de 4 años renovables, para despolitizar sería conveniente adoptar un esquema con periodos mucho más cortos de uno a dos años, sin reelección. Por Conrector y Prorector (el rector anterior y el futuro rector ya electo) como miembros de la dirección se puede garantizar la continuidad institucional. Igualmente a nivel de la facultades.

No debe haber elecciones por planchas ni exclusividad en la representación gremial. Para academizar, se debe exigir que las autoridades salen de y regresan al cuerpo docente activo, impidiendo el fenómeno del funcionario, que avance de posición administrativa a posición administrativa, desvinculándose cada día más de la academia, de tal forma que al final ya no tiene vía de regreso.

Hay que establecer formas de participación efectiva, democrática y amplia para los estudiantes

, lejos del sistema del 'Centralismo democrático' de ahora, donde en elecciones de escasa participación se elige una plancha como cúpula nacional, que después baja las orientaciones.

Defiendo -y lo he defendido desde de mis años como dirigente estudiantil en los años 60 hasta la fecha- el derecho del estudiante a participar con peso en la Universidad. Ellos son la razón de ser de esta y -como ya son jóvenes adultos- tienen todo el derecho de incidir en su propio futuro.

Es más, si nuestros profesionales del siglo XXI no aprenderán en la Universidad, como ejercer en forma pensada, sensata y argumentando la democracia, no van a desarrollar este habito una vez ocupando los timones de la sociedad. O sea, una universidad autoritaria y paternalista produce autócratas, y ya no hacen falta más de estos en el país.

Hay que separar el financiamiento del estudio para aquellos, que no cuentan con los recursos propios necesarios, del financiamiento institucional de las universidades.

Sino, se sigue beneficiando a quien no es el más necesitado. Necesitamos un sistema de becas, que -en forma escalonada- cubre desde de los costos directos del estudio -aranceles, libros etc.- hasta los costos de vida.

Esto presupone, que se termina con la ficción de que la universidad pública fuera gratis. Nunca fue así, sino desde décadas hasta la fecha podía costar hasta la vida estudiar. Pero siempre tenían que pagar más los que tenían menos.

El programa puede financiarse -como capital de semilla- por un lado por una aportación sustancial del estado, pero puede ser abierto a que otros también aportan, ONG, Instituciones Nacionales e Internacionales, hasta la empresa privada.

El programa debe dejar al estudiante la elección tanto que como donde estudiar, es decir en universidades públicas igual que en universidades privadas. No es justo, que solamente el rico tenga la opción de elegir.

No obstante pueden haber fondos para programas específicas de becas en áreas, de interés específico sea del estado o de la empresa privada. Cada universidad puede decidir si quiere calificar para un programa así y cada estudiante, si lo quiere estudiar o no.

El programa de becas puede (y debe) contemplar, que el beneficiado devuelve parte de la inversión hecha en el, sea en forma de pagos ya como profesional, sea en forma de servicio social o de contrato de trabajo por tiempo limitado, donde hay tantas posibilidades como necesidades en todas y cada una de las especialidades que ofrecen la universidades.

Hay que terminar con el papel del CNU como legislador, juez y parte.

Es decir hay que establecerse por la ley, cuales son los criterios por igual, que debe cumplir una Universidad o un Centro técnico para funcionar legalmente. El CNU debe limitarse a constatar que un centro haya cumplido con las condiciones establecidos por la ley para integrar nuevas instituciones, donde obvio no se pueda ni se deba exigir, lo que las mismas instituciones ya establecidas no cumplan.

Igualmente debe establecerse por la ley, como y en base de que criterio se distribuye -si acaso- un subsidio institucional entre las instituciones de la educación superior, no como ahora en base de decisiones nunca publicadas del propio CNU.

Dado el nivel de autonomía que la sociedad ha dado por la constitución a la Universidad, la ley debe establecer que ella rinde cuenta públicamente de su hacer en todos los aspectos -por ejemplo en forma de resúmenes semestrales a publicarse obligatoriamente en los medios de comunicación- y no solamente por un informe para la gaveta del controlador sobre la ejecución presupuestaria del aporte estatal como ahora.

Hay que sacar la Universidad de la lógica fatal de presentar miseria para obtener fondos.

Debe haber un fondo nacional -como por ejemplo una fundación nacional para ciencia, tecnología y desarrollo- que asigna fondos para proyectos específicos, donde tales fondos deben tener el carácter de inversión y no de subsidio para gastos corrientes. Esto no excluye, que se contrate los servicios de las universidades en una amplia área, incluyendo las áreas de educación y salud. No obstante, se pagará por el servicio brindado y no se da un subsidio institucional incontrolable. Otra vez este fondo puede financiarse con un aporte sustancial del estado, pero debe ser igualmente abierto para la participación activa de otros.

En la docencia, se debe partir del pleno respecto efectivo a la libertad de cátedra,

definiendo por los planes de estudio solamente los objetivos de asignaturas y no -como ahora- hasta el contenido de cada sesión de clase para los próximos 5 años. Los reglamentos deben limitarse a reglamentar lo imprescindible y no pretender de definir hasta en minutos a que deben dedicarse el docente y el estudiante cada semana del año.

Obviamente más libertad interna debe ser acompañanda por más competencia interna. Por tanto el contrato de por vida debería ser la excepción y no la regla. No debe ni puede haber promoción salarial solamente por antigüedad, sino por desempeño demostrado. Las posiciones deben llenarse por oposición, que se sustenta en trabajos y clases demostrativas. Se debe exigir, que los docentes no solamente imparten clase sino se vinculan a través de proyectos o practica profesional con la realidad afuera.

Si la Universidad pública en verdad pretende ser la opción

de preferencia para egresados de la educación pública, entonces en lugar de sacar provecho del bajo nivel de esta como ahora, entonces ella debe incidir en forma activa en mejorar el nivel de esta educación.

Ha habido tiempos -aún en Nicaragua- en lo cual las facultades de Ingeniería y Ciencia Naturales, se metieron en forma directa a mejorar la enseñanza en ciencia y tecnología del nivel secundario. Hay otra vez un sin numero de formas: desde el desarrollo de curricula y programas, pasando por estudiantes de años superiores, que se ganan su beca enseñando pero con apoyo institucional.

Puede haber, como en Argentina y México, hasta escuelas modelo como proyecto conjunto entre educación pública del nivel primario, secundario y técnico y la Universidad. Para estimularlo podría haber otra vez fondos para proyectos comunes .

... y tenemos la energía para hacerlos ?

Pienso que estamos ya sobre la hora, para que las universidades rompen el patrón del subdesarrollo autoinflingido. Es hora, que ellas se ganan el respecto hacía afuera no por sus reclamos sino por sus contribuciones. Es hora, que se deja a formar futuros empleados, que buscan donde obtener ingresos de transferencia, comportándose los universitarios como aquellos.

Para esto la Universidad tiene que actuar como empresa nacional rentable de inversiones a largo plazo y no como cliente en quiebra dependiente de subsidios para tiempos indefinidos.

Hagamos las universidades lugares atractivos para la cooperación externa, estrategia mas exitosa que la de producir lastima: Mientras Costa Rica cuadruplicó los fondos externos disponibles para ciencia, tecnología y desarrollo en los últimos 3 años, en Nicaragua se han reducido a menos que la mitad.

A nuestras aulas viene una juventud llena de esperanza y de entusiasmo, una juventud, dispuesta a cualquier sacrificio para construir su propio futuro. Y puesto que Nicaragua se hace cada año un año más joven, mientras los países viejos se hacen cada año un año más viejo, esta juventud es una fuente inagotable de energía.

Ahora, si le damos a esta juventud solamente nuevas interpretaciones y promesas, si la engañamos ofreciéndole carreras sin perspectivas e importancia real y peor atrayendo a dichas carreras los más talentosos, si no la hacemos participar a esta juventud activamente en los cambios más que necesarios, entonces cometemos un pecado mortal en contra del futuro y nuestros hijos algún día nos van a pasar la cuenta.

Por otro lado: Si hacemos de la Universidad un instrumento efectivo del cambio mismo, una palanca para terminar con la pobreza, con el subdesarrollo y con la dependencia, si convencemos por hechos que educación, ciencia y tecnología son instrumentos más idóneos para esto que la consigna politiquera o peor las armas, entonces tendremos un potencial mejor que los países desarrollados.

"Sostengo, que el único objetivo de las ciencias sea aliviar las penurias y miserias de la existencia humana. Si científicos atemorizados por potentados egoístas se autolimitan a acumular conocimientos por estos conocimientos, entonces tal ciencia de ustedes podría convertirse en ciencia mutilada y toda nueva maquinaria no implicaría más que nuevas vejaciones. Con el tiempo podéis descubrir todo, que haya por descubrir sin embargo el avance de ustedes no será más que avanzar sobre la humanidad."

Bertolt Brecht, Galileo Galilei

Managua, los Días de Navidad 1995

Cornelio Hopmann, Ex-Catedrático de la UNI