miércoles, 9 de marzo de 2011

Cornelio: ALBANISA o T’ai-chi-ch’üan a la nicaragüense

T’ai-chi-ch’üan es un deporte chino con orígenes en las artes marciales, solo que se sustituyó al combate real por el boxeo con adversarios imaginarios o de sombras, donde los contrincantes nunca se tocan de verdad. Precisamente así valoro el debate en público sobre el origen, role y funcionamiento del conglomerado ALBANISA, donde el gobierno lo defiende y la oposición lo ataca por lo que no es ni puede ser, evadiendo ambos lados cautelosamente a tocar los antecedentes, el trasfondo y el contexto de la controversia ni mucho menos quienes son los competidores y actores reales.

Al inicio está el fracaso del dogma político que las fuerzas del mercado por si solas empujen el desarrollo económico, en particular la productividad a escala de países, es decir el aprovechamiento cada día mejor de los diversos recursos de un territorio delimitado, en particular sus recursos naturales y humanos. Aunque ciertamente el mercado pueda empujar la productividad por emprendimiento de bienes y servicios, no mejora así el engranaje entre las empresas, puesto que se requiere de coordinación y colaboración mas que de competencia entre los actores.

“El mercado” no construye por si solo infraestructuras físico-territoriales para agua, energía, ciudades, comunicaciones y transporte tal que estas faciliten el desarrollo productivo de otras actividades, no obstante que una vez establecidas se las pueda administrar o ampliar por el esquema de empresas corrientes. Desde los inicios de economías territoriales en China, Egipto, India, Mesopotamia y los imperios de Aztecas, Incas y Mayas hasta nuestros días ahí estaba siempre la intervención decisiva de algún tipo de poder público.

No hay tampoco ni uno solo ejemplo en la historia económica mundial, donde “el mercado” haya articulado elementos de producción antes dispersos, mucho menos elementos tan cruciales como la educación y la formación laboral por un lado y su aprovechamiento, su empleo por el otro. Al contrario, precisamente en países desarticulados como Nicaragua, donde se exporta materias primas y se importa no solamente productos de consumo manufacturados sino todos insumos, herramientas hasta tecnologías para la producción primaria, “el mercado” siempre ha favorecido la desarticulación local.

El neo-liberalismo, mejor dicho neo-monetarismo, empujó las cosas del mal al peor, bajo la premisa que solo ya el libre mercado de capitales, es decir la colocación de capitales según el mejor rendimiento a corto plazo, iba a garantizar el funcionamiento óptimo de los mercados reales de bienes y servicios y por tanto el óptimo desarrollo productivo real. La crisis mundial reciente aún no superada una vez más falsificó esa creencia, cuando Carlos Marx ya en el siglo XIX la había desnudada como falacia.

En el caso de Nicaragua, se le impuso un neo-liberalismo a la ultranza en el marco del Consenso de Washington, elaborado por los sabios del BID, del Banco Mundial y del FMI, pero aplaudido y respaldado por todas las agencias oficiales de cooperación. En ese marco el Gobierno de Nicaragua renunció a cualquier política verdaderamente estructural y se desmanteló sus instrumentos incluyendo el Banco Nacional de Desarrollo y las empresas nacionales de energía y comunicaciones, elementos claves para el desarrollo económico de los años 50, 60 y 70. Solo el agua y las hidroeléctricas pudieron medio salvarse. Durante más que una década BID y BM, en aras de no ejercer influencia indebida sobre las fuerzas del mercado, impidieron activamente el desarrollo de las comunicaciones, la recomposición de la matriz energética y el financiamiento a tasas de interés reducido de actividades productivas, incluyendo la construcción vertical.

Además en lugar de fortalecer capacidades colectivas de capacitación, concertación y colaboración -desde cámaras empresariales hasta asociaciones y cooperativas todas sin capacidades técnicas y logísticas propias- se creó la ficción del solitario emprendedor genial heroico por un lado y un enjambre de servicios empresariales -desde ONG y micro-financieras hasta una plétora de micro-empresas de consultoría y capacitación- de nuevo agravando y no superando la desarticulación. Hoy los oligopolios privados existentes en comercio exterior, crédito, comunicaciones y energía por un lado y la atomización por el otro de la economía nacional en decenas de miles de micro-emprendimientos desarticulados son la pre-anunciada consecuencia ineludible de esas políticas.

Ahora bien, los datos sobre el desarrollo de la productividad en América Latina del año 2010 muestran, que precisamente aquellos países que NO le siguieron a esta recta, que no desmantelaron sus mecanismos financieros públicos, que no privatizaron por completo las telecomunicaciones ni renunciaron a políticas energéticas nacionales, ni tampoco privatizaron por completo sus empresas primarias claves -Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay- tienen las tasas de crecimiento económico y de productividad más altas de América Latina, mientras los dos países, donde se aplicó las medidas al pie de la letra y que como países HIPC no tenían alternativa salvo someterse -Nicaragua y Bolivia-, tienen las tasas más bajas. Ante esos hechos indudables convendría que un ex-funcionario importante del BID como Edmundo Jarquin, como tal corresponsable de las políticas fracasadas del BID, pronunciara primero un mea-culpa, mea-máxima-culpa -como lo hizo en su momento Stiglitz- antes de echarle la culpa exclusiva al gobierno actual de solo 4 años.

Consta positivamente que ese gobierno actual al fin, con casi 30 años de retraso, inició el cambio de la matriz energética, mas sin embargo no sin meternos antes el gol de las plantas Chávez, las que por sus contratos obligan a Nicaragua a usar por 25 años más energía cada día más costosa en base de petróleo, y con precios igualmente contratados a largo plazo para energía de fuentes renovables -biomasa, eólica, geotérmica, hídrica- del 30 al 100% encima del precio por kilovatio-hora de países industrializados o semi-industrializados como Brasil, India, Rusia y China tal que se eliminó de antemano y a largo plazo cualquier posibilidad de competir con productos manufacturados de esos países.

El gobierno actual mercadea a ALBANISA como otro elemento de una respuesta definitiva a las políticas neo-monetaristas. Sin embargo ALBANISA no es una empresa pública nacional como las hay en los países más exitosos, sino una empresa mixta con una participación del 51% de la transnacional Petróleos de Venezuela SA y solo 49% de la nacional PETRONIC, tal que la última palabra en sus quehaceres la tiene Caracas y no Managua.

ALBA-Caruna no es un Banco público de Desarrollo, como el BancoEstado de Chile o el BROU de Uruguay, las fuentes principales de financiamiento para PYMES en sus países, sino un colocador de capital excedente de PdVSA por medio de los mismos mecanismos novicios ya conocidos de desarticulación llamados micro-financieras y obteniendo con las avisadas tasas de interés del 16% ya para las micro-financieras una renta a corto plazo inalcanzable en cualquier otra forma de inversión de capital más tradicional. Además con unos 400 millones de dólares en cuentas corrientes de BANCENTRO y BANPRO más unos 75 millones en flujo de caja mensual, Caracas tiene de facto una influencia determinante en estos dos bancos.

Al final el grupo Ortega-Murillo y sus allegados han preferido concertarse con los pesos pesados de la economía nacional y las cúpulas empresariales para establecer ALBANISA como otro jugador nuevo a-la-par de esos grupos.   ALBANISA será con 300 MW instalados el productor más grande de energía eléctrica del país, y ya controla, por medio del monopolio de exportación a Venezuela, más que el 10% del total de las exportaciones. Se repita así el esquema tradicional de repartir el país en feudos, cada quién con su área y su clientela, incluyendo que los magnos locales son solamente fichas para intereses extra-territoriales mucho más poderosos. No hay, salvo quizás en borradores por ahí o allá, un plan nacional de desarrollo económico-estructural del país, mucho menos acciones concretas para superar la dicotomía entre pocos oligopolios por un lado y la atomización desarticulada por el otro.

Mientras entonces el gobierno nos quiere vender gato por liebre, la oposición, incluyendo gran parte de la opinión publicada, se encuentra incapacitada a criticar a fondo el modelo económico-estructural del gobierno; más bien pasa de elogio a elogio de los supuestos éxitos de la correcta política macro-económica. Tal crítica tendría que comenzar con un mea-culpa como ya mencionado para extenderse después a un análisis critico del papel de los oligopolios privados en el desarrollo del país, nada aconsejable si se requiere de precisamente estos como anunciantes respectivamente contribuyentes en la campaña electoral, que se avecina. Por la misma razón -la incapacidad de reconocer responsabilidades anteriores propias- hay solamente observaciones bien cautelosas de los actores BID, BM y FMI en cuanto al fenómeno ALBANISA y su impacto en las políticas públicas nacionales.

El T’ai-chi-ch’üan se ha vuelto así parte del deporte político nacional.