Escribe Alejandro Serrano (La Prensa 25-04-10): “El problema de las dictaduras y dinastías en nuestro país, más que ideológico, ha sido y es de ambición, pero también de una mutilación ontológica de la conciencia colectiva que ha percibido las instituciones no como un sistema de límites al poder de cuya observancia depende su legalidad y legitimidad, sino como instrumento a su servicio.
El poder autocrático persiste a través de diferentes etapas históricas porque el núcleo del problema sigue siendo el mismo en medio de las diferencias que los tiempos, la cultura y la historia establecen. Hasta hoy las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas o religiosas, de acuerdo a las etapas a las que nos hemos referido brevemente en este artículo, han residido en el poder. Este ha sido su hábitat y justificación, han dependido de él y provenido de él, en vez de que, al contrario de esa experiencia histórica, el poder dependa, provenga, habite y encuentre su legitimidad y justificación en las instituciones y en las normas de la Constitución Política.”
Al leerlo, me pareció como una descripción aplicable a gran parte -afortunadamente no toda- de la historia alemana de institucionalidad y legalidad, en particular de Prusia, hasta el colapso total del 1945. Desde la codificación inicial del Código Común para las Provincias de Prusia 1792, pasando por las modernizaciones parciales en respuesta al Código Napoleónico para llegar a la Constitución del II. Imperio Alemán 1872, institucionalidad y legalidad siempre nacieron desde del poder.
En lo formal desde el Código Prusiano Común en adelante Prusia siempre ha sido un Estado de Derecho, en el sentido limitado que el poder se manifestó por medio del derecho en manos de un Poder Judicial independiente bajo el principio de la legalidad universal, mientras la Corona Española ya en 1554 condiciona la aplicación de las “Nuevas Leyes” de 1542, a que la aplicación sea oportuna y conveniente para el interés de la corona mas nunca se separó la función judicial de la función ejecutiva. Desde aquellos tiempos existe el dicho “La ley se acata para no cumplirla”. La legalidad universal formal y un Poder Judicial independiente en Nicaragua tienen entonces aún menos tradición firme que en Prusia.
El concepto del poder como base principal del derecho llevó a la abrumador mayoría de los juristas profesionales alemanes -jueces, fiscales y abogados- a rechazar a la Constitución democrática de Weimar como “nacida en los alcantarillados”, tal que las facultades de jurisprudencia ya se entregaran a los Nazi mucho antes del 1933.
Hitler llegó a ser Canciller en 1933 con apenas el 33.1% de los votos y tuvo que recurrir a la encarcelación, persecución y al chantaje de los diputados para que el Reichstag aprobase la Ley –inconstitucional por supuesto- de Empoderamiento, puesto que los Nazi no tenían ni el 36% de los curules.
Sin embargo imponentes teóricos del derecho como Carl Schmitt redactaron respectivamente ayudaron a redactar adefesios como esa Ley de Empoderamiento, que le dio poderes dictatoriales a Hitler, la Ley de Restitución del Servicio Público, que eliminó a judíos y opositores del Servicio Público, y por ende la Ley de Protección de la Raza, que castigó -entre otros horrores- relaciones sexuales entre judíos y arios con la pena de muerte. Esta prostitución de la profesión legal con los subsiguientes subterfugios y mutilaciones del Estado de Derecho eran esencial para establecer y estabilizar al régimen Nazi.
Hice tan amplia referencia a la historia legal e institucional de Alemania para sostener mi tesis que la actual situación deplorable del Estado de Derecho en Nicaragua no se debe a la falta de educación de las masas populares, ni a su seducción por caudillos, mucho menos a herencias precolombinas o coloniales, sino a la complicidad nada tácita de destacados profesionales del derecho, tal como lo muestran las declaraciones de todos y cada uno de los magistrados de la Corte Suprema.
Sin embargo en la Nicaragua de hoy hay más que 44 carreras de derecho, con sus claustros de profesores y más que 11,000 estudiantes inscritos. Hay más que 16,000 licenciados de derecho, quienes se recibieron entre 1990 y 2010. Me pregunto entonces si todos estos -universidades, profesores, jóvenes profesionales y estudiantes- estén de acuerdo que el ejercicio profesional del derecho se está convirtiendo en leguleyas despreciadas por todos, algo como la prostitución, de la cual se puede vivir, pero que por vergüenza no se menciona nunca en público.
Si estos miles no quieren que sea así, entonces están sobre la hora para levantarse en forma organizada para defender, trascendiendo cualquier credo político, la honradez de su profesión y por tanto al Estado de Derecho en su sentido verdadero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario