Por experiencia histórica pero también mía propia muy personal me consta: una educación y un proceso educativo autoritario reproducen amos y súbitos pero no conducen jamáis a una ciudadanía democrática.
Caminar entonces hacía una sociedad más democrática por tanto significaría en la educación:
(1) [Re-]establecer los derechos de incidencia educativa y organizativa de los padres de familia, que se les quitó anulando por medio de un decreto a la Ley de Participación educativa en la educación pública, y regular formas adecuadas similares para la educación privada.
(2) [Re-]establecer la participación estudiantil en forma creciente desde la secundaria y la educación técnica hasta la formación universitaria y convertirla en obligación institucional de la respectiva institución, pública y privada.
La institución misma debe responder por un proceso limpio y transparente en cuanto a la elección de los representantes estudiantiles en concordancia con las formas de organización del estudio, por aulas, grupos de clase, carreras, facultades y direcciones, recintos e institución.
En vista que ya en los años 80 FER y UNEN se convirtieron en meros instrumentos de movilización política desde arriba, se debe sustituir a ambas por confederaciones de las representaciones estudiantiles institucionales y territoriales para fines de articulación, coordinación y representación externa (MNED, CNU) pero SIN derecho de meterse desde arriba en los asuntos propios de cada institución educativa.
(3) [Re-]establecer el derecho a participación del magisterio y de las instituciones educativas en incidir en la definición, organización e implementación del proceso de aprendizaje-enseñanza en todos los niveles.
Las leyes sobre educación- entre ellas la Ley de Autonomía universitaria, la Ley de Participación educativa y la Ley de Carrera docente- afirman el derecho de educadoras y educadores de incidir en contenidos, formas y organización del proceso de aprendizaje-enseñanza. Lo afirman no lo conceden, pues es inherente al proceso mismo. Al fin no son discursos, pizarras y libros sino que el mismo ejemplo del maestro, como ya anota Sócrates, que les transmiten a futuras generaciones conductas y el aprecio de valores éticos, verdad válida para toda educación sin importar el ámbito, donde se da: familia o comunidad, pública o privada, pre-escolar o universidad. Resultaría peor que imposible –hipócrita- si se pretendiera a transmitir por medio de la educación el aprecio a valores, pero los mismos educadores no los pudiesen practicar ni las instituciones las practicasen, sean causas, motivos y objetivos del impedimento los que fueran.
Por las propias características de cada nivel educativo y de cada materia, hay diferentes grados de autonomía en el trabajo de la educadora y hay diferentes formas de ejercer las libertades de conciencia y opinión. Similar hay diferentes grados de autonomía en cuanto a las materias ofrecidas y en cuanto a la organización del proceso de aprendizaje-enseñanza para cada entidad, escuela, colegio, instituto técnico y para las universidades. En los procedimientos pueda haber variaciones entre “público” y “privado” siempre y cuando se respete la libertad de conciencia y el derecho a incidir en forma individual, colectiva o como claustro de una entidad en el contenido, sus formas y la organización del proceso.
Sin embargo iniciándose ya en los años 80 las genuinas organizaciones de los educadores se transmutaron de instrumentos para la participación de los educadores en instrumentos para su dirección y control con fines políticos-partidarios. A menudo se da la confusión entre el delegado como representante hacía afuera y arriba con la como de solo canal para recibir mandatos y orientaciones desde afuera y arriba, más aún cuando la misma persona anda doble sombrero de representante electo y mandamás de la institución misma o cuando solo una organización gremial aparece por ley o practica como si fuera parte operativa ya de la institución misma. Hay que terminar de una vez por todas con esta confusión y restituir el carácter genuino de las organizaciones gremiales, dándole paso a procesos de elección limpia, justa y transparente cuando instancias institucionales de coordinación y gestión compartida requieran de la incorporación de representantes del magisterio.
(4) [Re-]establecer “Libertad y Respeto” para con la educación misma
La constitución misma ya enuncia los conceptos, principios y procedimientos correspondientes.
“ARTICULO 116.- La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad.
ARTICULO 117.- La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales, en el conocimiento de nuestra historia, de la realidad, de la cultura nacional y universal y en el desarrollo constante de la ciencia y de la técnica; cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución, cuyo estudio deberá ser promovido.”
El alcance de estos conceptos y principios abraca toda la educación y no se limita sola a la educación pública, puesto que manifiestan un consenso nacional fundamental por qué, cómo y para qué como nación queremos que crezcan y se formen las próximas generaciones.
No obstante lo enunciado por la constitución y las leyes, en los 30 años que llevo viviendo en Nicaragua, no ha habido ha habido año sin un Gobierno, Ministerio u otras autoridades andando encima de la ley pisoteándolo por medio de decretos, ordenanzas, resoluciones, practicas institucionales y orientaciones escritas y verbales, tampoco no pasó ni un solo año en cual una u otra institución educativa no se hubiese destacada en similar forma actuando contra ley explícita no solo en espíritu sino hasta en letra expresa. Esto tiene que terminar ya. Si en la educación NO se respeta estrictamente constitución y ley, no se lo hará en ninguna otra área después tampoco.
Eludiblemente la juventud de hoy refleja hasta dónde y de qué manera hemos cumplido con el mandato de la nación como expresado por la constitución. Quienes como mayores se quejen de una juventud apática, sin intereses más allá de lo estrictamente individual y persona, tomen nota: la juventud es como la hemos formado o al menos permitido a que se formara. ¡No hay de que quejarse sino solo de nosotros mismos!
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