El siguiente texto corresponde al capítulo 10 del estudio TRÁFICO ILEGAL DE TIERRAS EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DE BOSAWÁS de Alejandro Bonilla Toruño.
A mi humilde criterio ese capítulo constituye una lectura imprescindible y obligatoria para cualquiera que quiera entender los mecanismos y fuerzas detrás del drama Bosawás. Sin incidir sobre estos, no habrá salvación.
10 La migración
10.1 Antecedentes históricos
La Región del Atlántico Norte ha sido un territorio fuertemente influenciado por actores externos. Desde los tiempos de la colonización inglesa (siglos XVII al XIX) hasta la acentuada influencia estadounidense en el siglo XX, esa región ha sido utilizada como zona de enclaves (madereros, mineros y bananeros). Ha sido utilizada también como válvula de escape ante las presiones sociales derivadas del colapso de la agroexportación, y como banco de tierras para enfrentar la falta de acceso a tierras de la población campesina en la zona del Pacifico. En ocasiones se usó incluso como escenario de importantes funciones militares, como ocurrió durante el somocismo y el sandinismo. En esas diversas etapas las comunidades indígenas mantuvieron alianzas con actores externos, a fin de mantener el control de sus territorios.
Para 1910, el 10% del territorio de la Mosquitia había sido otorgado en concesión a inversionistas estadounidenses, quienes explotaban los recursos mineros y madereros y establecían plantaciones bananeras en la región.[1]
Los enclaves norteamericanos en la Costa Caribe fueron polos de atracción de grupos de población, es decir, la Región se ha desarrollado a partir de una economía de enclaves basada en actividades extractivas que atrajo poblaciones diversas de la Costa Atlántica y de la población mestiza del Pacífico, conformando nuevos núcleos de economía agropecuaria que abastecían de alimentos a los trabajadores ante el declive y cierre de los enclaves.[2]
Los procesos económicos impulsados en el periodo de los Somoza (1935-1979) se caracterizaron por el expolio de tierras y recursos naturales que pertenecían a las comunidades indígenas y étnicas del Caribe, violentando así los compromisos adquiridos por el Estado, los derechos tradicionales sobre las tierras y recursos naturales y los derechos adquiridos por los tratados internacionales de integración suscritos por el Estado de Nicaragua.
En esa etapa se promovió la colonización de las tierras a través de la construcción de infraestructuras tales como caminos y carreteras de acceso al territorio, lo que permitía el traslado y movilidad de una gran cantidad de grupos de mestizos pobres y sin tierra provenientes del centro y del Pacífico del país.[3]
Así se originó un proceso de colonización a partir de sucesivas olas migratorias, cuyo ritmo y lógica han estado en consonancia con el desarrollo de las estrategias de enclaves en el Atlántico, y con el esquema agroexportador impulsado en el Pacífico, que implicaba la concentración de grandes extensiones de tierras en pocas manos, así como la oportunidad de obtener tierras y trabajo en el Atlántico.
La Región del Atlántico Norte refleja la dificultad del Estado de Nicaragua para insertar ese territorio a la dinámica prevaleciente en la zona del Pacifico y del Centro.
El Triángulo Minero está fuertemente marcado por los conflictos relacionados con el acceso y los derechos sobre la tierra, que se han visto magnificados con la Declaración de la Reserva de Biósfera de Bosawás, promovida —una vez más— por actores externos y sin consultar a las comunidades y pueblos del territorio, lo que ha reactivado los problemas históricos de la región en cuanto al dominio y los derechos de uso de los recursos naturales.[4]
El Gobierno Sandinista
En el periodo sandinista (1979-1990), la Región del Atlántico desempeñó diferentes roles. Los sandinistas intentaron integrar la región al proceso revolucionario y a los beneficios que se derivarían de dicho proceso, sin embargo, poco cuidado se puso a entender la cultura de la costa Caribe, que de hecho estaba muy desligada de la Revolución sandinista.[5]
En los años ochenta, a resultas de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno sandinista, se estima que se beneficiaron unas 111,833 familias —que representaban el 80% de la demanda histórica de tierras. Ello provocó una retracción de la presión de la frontera agrícola en cuanto a la migración de sectores campesinos que estaban siendo beneficiados. También hubo una retracción en el sector de los medianos y grandes productores, que se abocaron a la búsqueda de otros negocios, habida cuenta de que las políticas sandinistas no toleraban los grandes latifundios para lo cual se aprobaron una serie de leyes y se crearon algunas instituciones para que generaron su materialización[6].
En las zonas en que el gobierno central tenía presencia se restringió la tala de árboles. Luego de la nacionalización de las minas el sector tuvo algún impulso, pero no logró recuperar el auge que tuvo antes de los años setenta. Eso contribuyó a disminuir la presión de la migración y la presión sobre el medio ambiente.
Se produjeron divergencias crecientes entre las comunidades indígenas y étnicas y el gobierno central, debido a la falta de visión y conocimiento —por parte de las autoridades nacionales— de la cultura y los derechos territoriales de los indígenas.
Si bien la Reforma Agraria de los años ochenta tuvo impactos positivos en las regiones del Pacífico y del centro, en la región del Atlántico los efectos fueron diferentes.
Las tensiones entre el gobierno sandinista y las comunidades indígenas crecieron a tal punto que, motivadas por la contrarrevolución, comunidades enteras emigraron a Honduras y otras entraron a la guerra en contra del gobierno.
Algunos territorios del Atlántico, entre ellos Siuna, constituyeron enclaves militares, donde los sandinistas —por compromisos sociales y conveniencia militar, entre otros— crearon un cordón de cooperativas que funcionaban como vallas de contención para detener a grupos de la Resistencia.[7]
El reclamo histórico de la Costa Atlántica por lograr mayor autonomía y la necesidad política de reconstruir las relaciones con las comunidades indígenas y étnicas provocaron que el gobierno sandinista anunciara el reconocimiento al reclamo y formara en diciembre de 1985 una Comisión Nacional que pusiera en marcha el proceso para la materialización de la autonomía regional.[8]
Así nació en 1987 el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, por el cual se establecieron las dos Regiones Autónomas, mismas que representaban el 50% del territorio nacional y el 9.2% de la población total del territorio nacional.
El reglamento del Estatuto y otras leyes importantes —sobre todo las concernientes a la propiedad de la tierra, que hubiesen consolidado el proceso autonómico de las regiones— sólo se aprobaron quince años después, lo que muchos interpretan como falta de voluntad política de hacer realidad el proceso de autonomía.[9]
Todos estos factores provocaron en la primera mitad de la década de los años 80 el desplazamiento de comunidades indígenas enteras a territorio hondureño. A su vez, la Reforma Agraria, la prohibición y control de la tala del bosque, la nacionalización de las minas y su fracaso, la militarización del territorio y la guerra interna, provocaron una disminución de la población local e incluso frenaron las migraciones al territorio.
Las políticas aplicadas por el gobierno sandinista y las circunstancias que se produjeron en esa época contuvieron indirectamente el avance de la frontera agrícola, y en consecuencia redujeron la presión sobre los recursos naturales de la zona.
A partir de 1990, con el cambio de gobierno y la finalización de la guerra, inicia un incremento importante de población en la Costa Atlántica, particularmente en el Triángulo Minero, a resultas del retorno de la población que había sido desplazada por la guerra interna.
La estrategia estatal reactiva las políticas de “tierras abiertas”, en este caso para resolver problemas políticos y sociales inmediatos; la extracción de madera se intensifica. Las políticas tuvieron como propósito garantizar la reinserción de los ex combatientes, evitar enfrentamientos armados, mejorar la gobernabilidad en el corto plazo, y atraer recursos de la cooperación e inversión extranjera para reactivar la economía de la región.[10] Pero en general no se ejercieron controles sobre la extracción de madera y de otros recursos, ni se puso atención a la pavimentación de la carretera Boaco-Río Blanco, a la reapertura de la frontera agrícola y al auge de la ganadería.
Los gobiernos posteriores al sandinista promovieron políticas estructurales que provocaron la reconcentración de la tierra en pocas manos, creando un marco jurídico e institucional que permitía realizar una contrarreforma agraria como eje de la reconcentración de la tierra.
Ese marco jurídico e institucional promovía la devolución de las tierras confiscadas. Se generó una serie de condiciones y elementos que favorecieron la reconcentración de tierras y la caída de las formas asociativas de tenencia de la tierra impulsadas por el anterior gobierno.
En esa etapa, faltaron políticas públicas orientadas a favorecer a los productores agrícolas y campesinos con financiamiento y asesoría técnica; desapareció la banca estatal orientada a estos fines; y las cooperativas y comunidades indígenas no eran sujetos de crédito en el sistema financiero nacional privado y no lo son actualmente.
Los títulos agrarios y los contratos de cesión de derechos de uso otorgados por las comunidades indígenas a sus miembros no se consideraban, ni se consideran como títulos perfectos con fuerza jurídica para garantizar los préstamos solicitados a la banca privada. En consecuencia, los campesinos se vieron obligados a disolver las cooperativas, a parcelar sus tierras, a obtener títulos individuales de dominio, y a buscar la manera de convertirse en sujetos de crédito para el sistema financiero privado.
Todo ello ha causado un debilitamiento de los campesinos en términos de la tenencia de sus tierras, lo que fue aprovechado por los grandes latifundistas y la banca nacional para apoderarse de tierras indígenas y reconcentrar la tierra en pocas manos.[11]
10.2 Motivos que impulsan la migración en la actualidad
Los motivos que impulsan a terceros y a colonos a migrar a la Región del Atlántico Norte y a Bosawás obedecen a diferentes razones y circunstancias: políticas nacionales, socioeconómicas y estructurales diseñadas e impulsadas por los gobiernos centrales; campañas y promesas políticas de los candidatos a ocupar cargos públicos; tráfico ilegal de tierra y madera; debilidad institucional; situación económica nacional; abundancia de recursos naturales en esos territorios; los modelos de desarrollo vigentes, y otros.
10.2.1 Políticas estructurales
Los gobiernos de Somoza y los gobiernos de los años noventa en adelante usaron en la zona la estrategia de políticas abiertas para impulsar la colonización de tierras como una válvula de seguridad política, bajo la lógica de que la población rural pobre disminuye su tendencia a rebelarse si tiene acceso a la tierra.
En este contexto, la Costa Caribe presentaba un enorme potencial de colonización, puesto que en la región del Pacífico y en la zona central, por efecto de la contrarreforma agraria impulsada, empezaron a predominar los grandes terratenientes dedicados a la producción agropecuaria. Esto ha limitado las posibilidades de acceso a la tierra para los campesinos pobres, los cuales se han visto obligados a emplearse como peones agrícolas en los latifundios del Pacífico y del centro del país.[12]
La falta de disponibilidad de tierras en el Pacífico y en el centro genera presión sobre el territorio, porque es la zona donde hay más terrenos disponibles. La contrarreforma, combinada con la debilidad institucional, propicia la penetración silenciosa.
10.2.2 Promesas de campaña
En las Regiones Autónomas se realizan cinco tipos de elecciones para elegir a las autoridades, a saber: nacionales, regionales, municipales, territoriales y comunales. Esto ocasiona una constante agudización de la polarización de la población, lo que a su vez agudiza los conflictos y limita las posibilidades de hallar soluciones pacíficas.
Como práctica habitual, los postulantes a cargos públicos y las autoridades políticas electas ofrecen a ambos sectores amparo y seguridades jurídicas: a los colonos les prometen titulación tras la ocupación ilegal, y a los afectados por la ocupación ilegal les prometen saneamiento, demarcación y titulación. La frecuencia de las elecciones impide que los gobiernos resuelvan el problema, porque no están dispuestos a pagar el precio político que producirían las prácticas de expulsión y ordenamiento territorial, así como la falta de consenso de los/as líderes sobre los problemas planteados es otro de los factores medulares para resolver los conflictos.
Según afirman las autoridades del territorio entrevistadas,[13] uno de los principales motivos que tienen actualmente los migrantes o los terceros para penetrar y permanecer en Bosawás son las promesas de campaña que les hacen algunos de los aspirantes a cargos públicos —diputados regionales, concejales regionales, alcaldes y concejales municipales de los municipios de Siuna, Bonanza, y Rosita de los partidos Liberal Constitucionalista (PLC), Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Yatama— en el sentido de juridificar las posesiones cuando ellos ostenten el cargo pretendido.[14].
Ha sucedido que presidentes de consejos, presidentes de gobiernos, diputados, concejales, alcaldes municipales, presidentes y síndicos de territorios y comunidades indígenas han emitido asignaciones y constancias de lotes de tierra sin haber consultado con las comunidades.
Para frenar este fenómeno, el gobierno regional emitió una resolución declarando que son nulas o anulables todas las asignaciones de tierra formuladas por funcionarios del Consejo Regional, alcaldes y otros funcionarios.
Hay también personas de las comunidades y territorios que, aprovechándose de los conflictos por la inseguridad de la tenencia de la tierra, se proyectan como líderes políticos y ofrecen solucionar estos conflictos cuando ocupen los cargos públicos, cuando en realidad sólo les interesa obtener poder político.
Para ilustrar lo anterior, presentamos algunos casos y testimonios acerca de la intervención política en la región.
a) En Tasba-pri, que era originalmente una comunidad miskita, existen ahora 21 comarcas de mestizos que suman unas 10,000 mil personas. A diferencia de lo que sucede en otras zonas, en Tasba-pri todos los residentes adultos tienen cédula. El motivo de que el proceso de cedulación sea tan eficiente es que los residentes votan por el FSLN, y este partido les brinda apoyo o les promete regularizar sus tierras a cambio de obtener votos, consideramos que el otorgamiento de las cedulas a los ciudadanos es legitimo siempre y cuando todos los ciudadanos sin distinción política se beneficien de la entrega, también es legitimo que se repartan tierras pero no en desmedro del patrimonio de comunidades indígenas para favorecer a miembros de un partido político[15].
b) Un diputado liberal regional organizó una fundación de ayuda para la titulación, conformada por precaristas y colonos. Se recurrió a la Corte Suprema y a otras instituciones para mediar en el conflicto y detener ese proceso porque afectaba tierras comunales y se asentaban en partes de la zona núcleo de la Reserva.
c) En el año 2003 se organizó un esfuerzo —en coordinación con instituciones del Estado tales como la Policía, los procuradores ambientales, MARENA, SETAB, el procurador de los derechos humanos y el Ejército— para desalojar a los terceros ubicados en el corazón de la Reserva. En un mes de trabajo, 105 familias (605 personas) fueron desplazadas y trasladadas en camiones a sus lugares de origen, sin que se les diera nada a cambio de su salida de la RBB. Quince días después del desalojo, el entonces viceministro del MARENA se presentó en la comarca El Hormiguero para hablar con la gente desplazada que se había asentado ahí, y se comprometió a darles tierra y alimentos. Tras más dos meses de esperar en vano que el viceministro cumpliera su compromiso, los desalojados optaron por volver a Bosawás. Eso dio lugar a que otros grupos se decidieran a ocupar tierras en la Reserva, y actualmente hay allí más de 2,000 familias. Por este acto irresponsable, algunos funcionarios públicos renunciaron a sus cargos, frustrados por no poder cumplir su obligación de velar, proteger y conservar la Reserva. El jefe del Ejército en la Región expresó en su oportunidad:
d) “…Para poder llevar a cabo esa operación se enfrentó a dos concejales liberales que a través de mítines y la radio estaban levantando a la población en contra de esa iniciativa. Personalmente tuve que hablar con ellos para detener esa irresponsabilidad que podía generar muchas desgracias…”. [16]
10.2.3 Motivos de los actores en el tráfico ilegal de tierras
De acuerdo a personas entrevistas en la zona que no quisieron ser identificadas en el presente estudio sostienen que existen tipos de actores en el territorio que no pueden ser considerados terceros, porque las motivaciones que les impulsan a penetrar la zona son de índole delincuencial: cometen delitos en contra del patrimonio, el orden socioeconómico, la propiedad, el medio ambiente y los recursos naturales, por medio de estafas, estelionato, usurpación, daño a la propiedad privada, comunal y estatal, defraudación al Estado y otros. En consecuencia, estos actores no deben ser amparados bajo la denominación jurídica de tercero establecida en la Ley 445.
Son varios los motivos, las fases y las modalidades en el proceso de migración y penetración de estos actores en la Reserva:[17]
La primera fase es la ubicación y posterior posesión de terrenos baldíos del Estado o de comunidades indígenas. Debido a las dimensiones de estos terrenos, las instituciones y los comunitarios no tienen la capacidad de mantener vigilancia para detectar y evitar la ocupación. Los actores que participan en esta fase generalmente son precaristas humildes y campesinos desplazados sin oportunidad de adquirir tierras por las vías legales.
Los intereses de este tipo de actores varían: unos están interesados en obtener un lote donde vivir y trabajar honestamente con su familia; otros quieren talar los árboles y vender la madera; y otros pretenden vender la tierra ocupada.
Dentro de esta categoría se encuentran algunos pobladores originales de la Región, que motivados por ofrecimientos de compra, venden sus parcelas y buscan otro lote que ocupar para realizar el mismo procedimiento una y otra vez.
Otros colonos llegan —fundamentalmente de las haciendas de Chontales, Boaco y Matagalpa— por instrucciones de sus patrones. Son hombres de confianza de los hacendados, encargados de ocupar las tierras y preparar las condiciones de la propiedad ocupada: talan los árboles, venden la madera —o la queman si no la pueden vender—, siembran pasto y hacen potreros para recibir el ganado de sus jefes. Estos ocupantes son utilizados como testaferros que permanecen en el territorio en representación de sus patrones; más aún, alientan a sus familiares a aventurarse con ellos para también tomar y parcelar tierras.
La segunda fase ocurre cuando personas humildes —precaristas o mandados por alguien— se han asentado y adquirido supuestos derechos posesorios por el tiempo que tienen de estar ocupando las tierras. Entonces aparecen los compradores —que muchas veces son las mismas personas que financiaron o incentivaron la penetración— y compran los derechos posesorios adquiridos por los primeros.
Estos segundos actores no tienen otro interés que aprovecharse del bosque. Una vez talado el bosque y vendida la madera, venden las propiedades a ganaderos pudientes, o desarrollan la agricultura.
En esta categoría se ubican algunas personas que más de una vez han recibido tierras del Estado, y cada vez que el Estado los beneficia, venden lo asignado y se trasladan nuevamente a la Reserva para volver a pedir tierras. Por lo general estas personas tienen contactos en el Pacífico y son negociantes habituados a esa práctica.
Otro tipo de actores son los que poseían propiedades y fincas en otros departamentos o áreas, las vendieron y se trasladaron con su familia a penetrar la Reserva, luego reubican su ganado en la propiedad recién adquirida, que suele tener mayor extensión que la que tenían anteriormente.
La tercera fase acontece cuando grandes terratenientes se presentan en la zona y, aprovechándose de las carencias de los campesinos, les pagan para que entren al territorio, tomen posesión de tierras, adquieran derechos posesorios y luego vendan o cedan estos derechos al mismo terrateniente que financió la penetración.
Estos terratenientes tienen interés en desarrollar la ganadería intensiva, pues aparecen comprando tierras en donde las condiciones de venta ya fueron creadas por los actores de las fases anteriores. Son personas con mayores o menores conexiones con oficiales y agentes de los gobiernos, y por tanto, con posibilidades de “legitimar” la penetración y posterior apropiación de áreas ubicadas dentro de la RBB.
En Siuna, Bonanza y Rosita están siendo afectadas las comunidades indígenas mayangna, por la irresponsabilidad de algunos miembros y líderes comunitarios que han vendido la tierra a terceros. Y como el mandato electivo de las autoridades comunales es de corta duración, no hay mayores mecanismos de control, y terminan “heredando” el problema a las siguientes administraciones.
Una de las mayores dificultades que tienen las comunidades para controlar la penetración ilegal en sus territorios es que poseen grandes extensiones de tierra pero no tienen ninguna capacidad de garantizar la protección, en consecuencia, pierden el control del territorio. Luego ocurre que los que compran los terrenos los venden a otros, y así se estructura la cadena que promueve, gestiona y efectúa la penetración.
Las alcaldías se adjudican las tierras comunales y estatales a través de minutas descriptivas. Inscriben los bienes en la misma alcaldía —en el Registro de la Propiedad con sede en Puerto Cabezas—, y después los donan a particulares. Posteriormente el particular registra la donación a su nombre, y de ese modo se perpetúa el clientelismo político y las lealtades de los beneficiados.
Los particulares que no gozan del apoyo y favor de las autoridades municipales esquivan la alcaldía y otras instituciones del Estado, y prefieren acudir directamente ante un notario público. Este emite una escritura pública a su favor, que contiene una declaración unilateral del interesado acerca del estado de posesión, y luego el particular inscribe el bien en el Registro Público de la Propiedad Inmueble.
Las financieras que operan en la zona, para legitimar derechos y otorgar financiamiento, promueven las declaraciones notariales, a fin de dar seguridad jurídica y económica a los créditos colocados y garantizar que los deudores tengan bienes que puedan cubrir las deudas asumidas en el caso de que el deudor no cumpla con el pago del crédito otorgado.
La expectativa de obtener las indemnizaciones ofrecidas a terceros en la Ley 445, y la posibilidad de conseguir tierras a través de traslados de terceros a bancos de tierras aportados por el Estado, son otras de las motivaciones para penetrar al territorio de la Reserva y de las comunidades indígenas.[18]
La penetración continúa y se agudiza porque es más grande la capacidad de los diferentes actores para gestionar su negocio, que la capacidad de las instituciones para dar solución al problema.
10.2.4 Debilidades en el sistema de tenencia
Según los entrevistados, el actual gobierno y los funcionarios públicos tienen disposición institucional, sensibilidad y voluntad para trabajar y proteger la Reserva, pero el gobierno tiene problemas estructurales prioritarios —como es la pobreza extrema, la salud, la educación, sectores éstos que fueron abandonados por los gobiernos anteriores y que para el actual gobierno son áreas de primacía—; en consecuencia, una buena parte del presupuesto nacional se destina a esas prioridades.
En este contexto, la conservación y protección del medio ambiente no tiene la preponderancia estratégica institucional y estructural que debería tener como plataforma de desarrollo económico del país. Esto ocasiona que los recursos asignados y las capacidades técnicas y administrativas de las instituciones en el territorio sean insuficientes y deficientes, lo que a su vez propicia la penetración de la Reserva, por falta de tutela, de seguimiento, de coordinación y de apoyo institucional.
Los fondos de que disponen las instituciones y delegaciones regionales provienen principalmente de los países donantes y de los organismos internacionales.[19]
En su condición de administradora de la RBB, MARENA-SETAB tiene muchas debilidades. Las competencias que le son asignadas por la legislación desbordan su capacidad administrativa y operativa real. No ha podido ejecutar los planes de manejo de la Reserva; tampoco ha logrado establecer comunicación fluida, coordinación interinstitucional ni articulación entre la administración central, la administración regional y las delegaciones municipales.
Los procesos administrativos, en los casos de infracción de las normas ambientales, están centralizados en la sede regional en Puerto Cabezas, que es la encargada de emitir las resoluciones administrativas.[20]
En opinión del delegado de MARENA en Bonanza, la Delegación Regional no cuenta con el presupuesto mínimo para desplegar la capacidad de solventar los problemas; afirma él que las delegaciones municipales reciben las denuncias, hacen las inspecciones e interponen las denuncias en la Delegación Regional, pero ni la Delegación, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría intervienen en el proceso, y no resuelven los asuntos de agresión al ambiente que son sometidos al conocimiento de las autoridades competentes.
La falta de recursos económicos limita la posibilidad de realizar las inspecciones ambientales y los operativos técnicos para dar seguimiento a los procesos administrativos y comprobar las denuncias de invasiones de tierra, tráfico de madera y daño ambiental.
La movilización en el territorio es peligrosa, por la presencia de traficantes de tierra, mafias madereras y delincuentes de diverso tipo. Eso obliga a los funcionarios a hacerse acompañar por miembros de la Policía y del Ejército a fin de realizar las inspecciones, lo que encarece los desplazamientos.
El mal estado de las vías de acceso a los territorios, las grandes distancias y la falta de medios de transporte son factores que también entorpecen la coordinación entre las diferentes delegaciones municipales, por lo costoso que resultan los viajes, los viáticos y las reuniones.
Otra debilidad es la falta de asesoría técnica jurídica en los territorios para hacer las consultas necesarias, lo que burocratiza aún más los procesos administrativos ambientales, al punto de que los funcionarios regionales tienen que solicitar asesoría a los abogados de MARENA en Managua, lo que aumenta la retardación en la resolución de los procesos.
MARENA-SETAB no dispone de los equipos, medios logísticos y materiales de oficina necesarios para cumplir su cometido.
El cuerpo de guardabosques oficiales y voluntarios es débil: presenta un déficit de instrucción especializada para cuidar la Reserva y los recursos naturales; no ha podido sostener el avance de la frontera agrícola, ni la penetración de los colonos. Se calcula que sólo en el cerro Saslaya, que es el corazón de la Reserva, existen más de 2,000 familias, y MARENA-SETAB no tiene capacidad ni posibilidad real para detenerlos, por falta de presupuesto, de recursos y de personal calificado. Los invasores los superan en número, además de que los amenazan.
Según la delegada regional de Puerto Cabezas de MAREAN/SETAB, la coordinación entre MARENA y el gobierno regional es escasa y deficiente en materia ambiental.
El gobierno regional tiene su propia institución regional, que es la Secretaría de Recursos Naturales (Serena). Sin embargo, según la ley esta institución tiene facultades para administrar los recursos naturales de la Región, mientras que la facultad de regular el cumplimiento de las normas ambientales le compete a MARENA.
MARENA redujo su incidencia y presencia de personal en la Región para dar lugar a que Serena asumiera las responsabilidades asignadas por la ley, pero Serena está centralizada en Bilwi y todavía no tiene presencia institucional en los municipios, por falta de recursos y personal para atender a toda la región.
El gobierno regional, a través de Serena, autoriza todo tipo de permisos ambientales, forestales, de pesca y mineros, función que realiza sin ningún control, ni plan de gestión, ni seguimiento de las normas ambientales. Esto genera un traslape de funciones entre las instituciones y falta de transparencia en sus administraciones por la falta de coordinación, información mutua, falta de observancia de las leyes y programas ambientales por parte de algunas personas naturales y jurídicas etc.
Cabe destacar que el arto. 24 de la Ley 28, Estatuto de Autonomía, determina que las resoluciones y ordenanzas de los Consejos Regionales deberán estar en armonía con la Constitución y las leyes de la República.
Actualmente hay en el territorio 21 aserríos —entre privados, de ONG y del gobierno regional— que supuestamente se instalaron para cortar madera y construir viviendas para la población afectada por el huracán Félix, pero el ejecutivo de INAFOR determinó que de la totalidad de la madera cortada, el 80% se destinara al comercio y el 20% para la construcción de viviendas —sin permiso de INAFOR y sin planes de manejo—, y la madera se está usando para beneficio de personas particulares y no de las comunidades.
Según los entrevistados, tras el huracán Félix la presencia del Estado en el territorio ha sido mucho más beligerante, pues ha asumido la alimentación de la población damnificada, pero no genera opciones de trabajo.
En Bonanza no hay presencia de INAFOR ni del MAGFOR, no hay procurador ambiental, ni hay Intendencia de la Propiedad. La representación del gobierno regional es débil, sus instituciones no tienen mayor presencia, ni beligerancia, la Procuraduría Ambiental tiene su sede en Siuna, pero no tiene incidencia en Bonanza, adonde ni siquiera llegan, porque no tienen medios ni recursos para trasladarse.
En el caso de Bonanza, la Policía cuenta con pocos agentes y no tiene capacidad para atender a los 32,000 habitantes, 44 comunidades y 6 sectores distribuidos en 2,039 km2, además de que adolece del mismo mal que el resto de las instituciones: falta de presupuesto. El Consejo Regional también es débil. Las elecciones acaban de realizarse y los funcionarios en su mayoría son nuevos, por tanto, no conocen bien los problemas socioeconómicos y ambientales del territorio.
Otra enorme debilidad de las instituciones es el constante cambio y rotación de técnicos y funcionarios, al ritmo de los cambios de gobierno. Por tanto, no hay secuencia en el trabajo. La falta de seguimiento y conocimiento debilita la beligerancia del funcionario en el cumplimiento de las funciones.
La posición del anterior procurador general de la República era que la Procuraduría no tenía el deber de participar en representación de los derechos de las comunidades indígenas, violentando la obligación de tutelar y garantizar estos derechos conforme a la Constitución Política. En consecuencia, cuando los procuradores en el territorio participan en las oposiciones, los argumentos se enfocaban en el daño ambiental al área protegida y omitían la tutela de los derechos de las comunidades indígenas. Es decir, el procurador auxiliar no actuaba en representación y defensa de la comunidad indígena.[21]Lo que con el actual gobierno parece que está cambiando.
El Ministerio Público, en su condición de representante de las víctimas, no interviene en los conflictos de propiedad como parte acusadora, porque la institución ha emitido circulares administrativas —dirigidas a los fiscales auxiliares— estableciendo la prohibición de actuar como parte acusadora en conflictos de propiedad, usurpación, penetración ilegítima, daños a la propiedad y otros. El argumento para no intervenir es que consideran que tales delitos no son de su competencia, sino que incumben a la vía civil, y que pudiera ocurrir que las personas acusadas tuviesen acreditados ciertos derechos sobre la propiedad en discordia, lo que implicaría que primero hay que esclarecer cuál de las partes en disputa tiene mejor derecho sobre el bien —que es un estado que sólo puede ser declarado por autoridad judicial civil—, y luego, ya con la sentencia que determina quién es el legítimo dueño o poseedor de la propiedad, proceder a acusar por la vía penal, situación que deja en total indefensión a los comunitarios frente a actores que pretenden despojarlos de sus tierras.
La falta de recursos económicos de las comunidades indígenas les impide contratar abogados para impulsar procesos judiciales por la vía civil, lo que es causa de indefensión e impotencia ante las ocupaciones ilegales.
Al consultar a algunas autoridades de MARENA, argumentan que han hecho enormes esfuerzos para implementar desalojos masivos de colonos asentados en áreas protegidas, pero que cuando estas personas quedan en manos del Poder Judicial siempre encuentran alguna vía para eludir la ley. Es decir, plantean que la debilidad fundamental está en el Poder Judicial, y que uno de los argumentos que aducen los funcionarios judiciales es el vencimiento de término de los procesados retenidos —un máximo de 48 horas para ponerlos a la orden de la autoridad judicial—, pero habida cuenta de las distancias y el mal estado de los caminos, se demoran mucho más de 48 horas en bajarlos de las montañas y ponerlos a la orden de autoridad judicial competente. De ese modo los desalojados quedan en libertad y eluden los procesos iniciados en su contra. Los migrantes internos saben que existen todas estas debilidades, y sacan provecho de ellas.
Ahora bien, las debilidades no son debidas únicamente a la falta de capacidad de las autoridades nacionales. La cooperación extranjera también tiene responsabilidad. Por ejemplo, si bien la cooperación alemana donó 30 millones de dólares para el manejo de la Reserva, esa donación comprendía la imposición de planes ineficientes y de consultores inexpertos en la materia, según opinión de los entrevistados en el territorio.
¿Cómo interpretan las comunidades indígenas el tema de la cooperación externa? Según dicen, los cooperantes llegan a sus territorios, toman fotos que luego exhiben en sus documentos, sueltan el dinero a quien no deben, y nada de ese dinero le llega a la comunidad.
Dicen también que las autoridades de las distintas administraciones públicas —centrales, regionales y municipales— con presencia en el territorio no tienen un verdadero compromiso con la conservación del medio ambiente.
Las comunidades poseen registros de las iniciativas administrativas y jurídicas que han intentado ante las instituciones para defender sus derechos ancestrales, pero no han recibido respuestas positivas.
10.2.5 Situación económica general
Otras de las causas de la migración a la RBB, es la enorme cantidad de recursos naturales que posee, minerales, forestales e hídricos y las grandes extensiones de tierra.
Según la coordinadora de la SETAB de Siuna,[22] las motivaciones de los colonos para adentrarse en la Reserva son muchas: la necesidad de tierras para cultivar o para desarrollar la ganadería; el deseo de mejorar su situación económica; la creencia de que la Reserva, con sus grandes extensiones de tierra rica en bosques y en oro, les puede generar ingresos a través de la venta de madera, la agricultura, la siembra de pastos, la explotación artesanal de oro (güirisería), y la introducción de ganado. Además, la zona sirve de refugio a delincuentes y bandoleros, que saben que las instituciones tienen muchas debilidades, y se sienten seguros en la Región.
Cuando no había veda forestal en la RBB las compañías madereras incentivan a la población a hacer talas, para luego comprarles la madera. Es una manera fácil y rápida de obtener dinero.
El decreto de veda forestal emitido por el Estado ha sido mal recibido por la población, porque les prohíbe el acceso a uno de los pocos medios tradicionales de subsistencia, sobre todo cuando la gente no cuenta con otra alternativa que sustituya esa fuente de ingresos tan rápida y expedita.
Siuna tiene el índice de crecimiento poblacional más grande de Centroamérica: 4.9%. Los municipios con los índices más altos de migración interna en Nicaragua son Siuna, Rosita y Prinzapolka.
10.2.6 Choque de culturas y modelos de desarrollo
Tradicionalmente el uso y la administración de los recursos de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica se hacen en forma comunal, conforme a las normas establecidas por las comunidades y administradas por los síndicos, asesorados a su vez por los Consejos de Ancianos.
Se establecen normas de uso de los recursos, según las cuales, cada familia tiene la posibilidad de utilizar por un año una determinada extensión de bosque. Se utiliza un sistema rotativo para el manejo de las huertas. Está prohibido deforestar a una distancia menor de 100 metros de las márgenes de los ríos. Algunas áreas se consideran sitios sagrados e históricos
Las actividades tradicionales de subsistencia son la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Todas estas actividades dan lugar a la necesidad de conservar los bosques, proteger el hábitat de las especies y respetar la vocación de los suelos, que es eminentemente forestal y que garantiza la permanencia de los caudales en los ríos. Este modelo económico tradicional ha permitido la conservación de los recursos naturales en la región, actualmente los comunitarios requieren desarrollar otros modelos económicos en armonía con el bosque, pero que les generen mayores fuentes de ingresos que permitan una mayor y mejor integración al mundo de hoy y cubrir sus necesidades básicas.
La cultura de los mestizos en cuanto a la forma de tenencia de la tierra se tutela bajo el concepto de propiedad privada. En consecuencia, la administración de las tierras y su forma de uso dependen de los modelos de desarrollo contenidos e impulsados por esta forma de tenencia.
El modelo de desarrollo implantado por la Colonia y continuado por la República ha consistido en el cerramiento de lotes, la deforestación, la siembra agrícola y la siembra de pasto para la introducción de la ganadería, todo ello bajo el régimen de propiedad privada. Todas estas actividades quedan establecidas por las leyes y las administraciones como pruebas suficientes para demostrar la posesión de una propiedad — y la subsiguiente posibilidad de adjudicación de derechos— que se legitiman con el otorgamiento de títulos (supletorios, dominicales y agrarios).
Este contraste entre ambos modelos de desarrollo produce choques entre la mayoría de los migrantes que penetran en la Reserva y los miembros de las comunidades indígenas, en términos del respeto debido a la vocación forestal de los suelos, la protección del hábitat natural y la penetración y posesión de las tierras comunales y estatales.
También da lugar a la concepción simplista —manejada por diferentes autoridades y por la población en general— de que “los indígenas no trabajan” y que en vez de proteger el bosque hay que talarlo para sembrar, porque “la gente no vive de aire”.
Algunas autoridades de MARENA entrevistadas piensan que se debe implementar un cambio en los modelos de desarrollo: en vez de producción agropecuaria extensiva, impulsar modelos de desarrollo más amigables con la naturaleza y en armonía con la vocación natural de los suelos, por ejemplo, la agroforestería, que podría implementarse para preservar la RBB. Sin embargo, para lograrlo se tendría que armonizar el esfuerzo de otras instituciones y organismos de la sociedad civil.
La Ley 217, en sus artículos 95 y 98 enuncia que para el uso y manejo de los suelos y los ecosistemas terrestres deberán tomarse en cuenta:
a) “La compatibilidad con la vocación natural de los mismos, cuidando de mantener las características físicas/químicas y su capacidad productiva. Toda actividad humana deberá respetar el equilibrio de los ecosistemas”.
b) “Evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos negativos”.
El arto. 98 formula: “Las tierras definidas como forestales o de vocación forestal deberán explotarse con base sostenible y no podrán ser sometidas a cambios de uso”.
Así también los artículos 4, inciso 2; 14, inc. 2; 95, inc. 1, 2, y los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley 217 fortalecen las normas expresadas.
Otra de las debilidades de la cultura costeña es que por lo general los miembros de las comunidades que reciben una formación técnica no regresan más al territorio, sea porque se van del país o porque se quedan en Managua o en otros departamentos, de modo que las comunidades no cuentan con personal técnico que les ayude a enfrentar los conflictos.
Otras alternativas económicas no logran prosperar, por el costo que implica la inversión en estos territorios de difícil acceso, y porque las vías de comunicación son insuficientes, deterioradas o inexistentes.
Todas estas políticas estructurales establecidas e impulsadas por los gobiernos a partir de 1990 y caracterizadas por la falta de compromiso social, sumadas a las circunstancias y condiciones regionales específicas, han ocasionado un incremento en la demanda histórica de tierras por parte de campesinos desplazados, así como también un aumento en los procesos de migración y en la presión sobre los recursos naturales de Bosawás.
[1] “Contexto, logros y desafíos”. Cuéllar y Kandel. Prisma.
[2] “Costa Atlántica de Nicaragua: Características y desafíos”. Envío, núm. 4, septiembre 1981.
[3] “Autonomía regional en Nicaragua: Una aproximación descriptiva. Informe final”. Mattem, Jochen. Profodem/GTZ. 2002.
[4] “Contexto, logros y desafíos”. Cuellar y Kandel. Prisma.
[5] “¿Qué esta pasando en la Costa Atlántica?”. Envío núm. 9, febrero 1982.
[6] “Turismo y conflictos territoriales en el Pacífico de Nicaragua: El caso de Tola más allá de los titulares”. Bonilla y Mordt.
[7] “Breve, necesaria y tormentosa historia del FUAC”. Rocha, José Luis. Envío núm. 232, julio 2001.
[8] “Un nuevo principio revolucionario: Autonomía de la Costa Atlántica”. Envío núm. 45, marzo1985.
[9] Ídem.
[10] “Contexto, logros y desafíos”. Cuéllar y Kandel. Prisma.
[11] “Turismo y conflictos territoriales en el Pacífico de Nicaragua: El caso de Tola más allá de los titulares”. Bonilla y Mordt.
[12] “Contexto, logros y desafíos”. Cuéllar y Kandel.
[13] Comunicación personal con Lucas Wilfred; García Baker; Casco Gonzáles; Sánchez; Salomón Justo y Antolín Flores.
[14] Comunicación personal con Casco Gonzáles.
[15] “En la Costa tenemos más derechos que el voto”. Envío, núm. 314, mayo 2008.
[16] Comunicaciones personales con Casco González; Lucas Wilfred; Sánchez; Torres Garth; Mairena Cermeño; Moreno Zelaya; Oviedo.
[17] Comunicaciones personales con Casco González; Lucas Wilfred; Sánchez; Torres Garth; Mairena Cermeño; Moreno Zelaya; Oviedo.
[18] Véase el caso Sikilta en este mismo documento, acápite 13.
[19] Comunicaciones personales con: Sánchez; Velásquez; Casco González; Taylor; Moreno Zelaya; Mairena Cermeño; Miranda; Gutiérrez López.
[20] Art. 137 y siguientes del la Ley 217, Ley de MARENA.
[21] Comunicación personal con Alí Henríquez, ex procurador auxiliar (caso Sikilta).
[22] Comunicación personal con la coordinadora de la Secretaría Técnica Territorial, Setab MARENA, Siuna.
